Asamblea de Nicaragua discutirá ley que prohíbe el ingreso de productos que no cumplan las normas sanitarias

La ley además, obligaría a productores de vegetales a cumplir nuevas medidas fitosanitarias


El Gobierno de Nicaragua envió a la Asamblea Nacional para que se discuta, una iniciativa de ley de protección fitosanitaria.

El proyecto, según los diputados sandinistas, busca prevenir la introducción de plagas y enfermedades, así como proteger la producción vegetal de consumo interno y externo.

Nicaragua desde 1998 cuenta con una ley básica de sanidad animal y vegetal, que obliga al sector agropecuario implementar prácticas y mecanismos de salubridad en sus fincas y procesos industriales.

"Esta es una nueva ley que el Gobierno está impulsando con el objetivo de ponernos al día con las normativas internacionales y exigencias que demandan los mercados”, explicó Douglas Alemán, diputado de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.

De probarse la ley, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuario (IPSA) sería la institución encargada de hacer cumplir a los productores que se dedican a la siembra de vegetales, para que den valor agregado a sus procesos de producción de cara a la internacionalización.

“La ley es una ventaja para aquellos productores de vegetales, hortalizas y otros rubros que desean ingresar a los mercado internacionales, el cumplir estas normas te da el aval de que tu producto es acto para el consumo humano”, resaltó Juan Ramón Obregón, diputado de la Comisión Económica.

Por su zona geográfica, Nicaragua ha sido en los últimos años vulnerable a los efectos del cambio climático, lo que ha afectado la caficultura con la propagación de la roya y hongos que han provocado pérdida en el grano de oro y menos ingresos económicos.

Con esta ley, los productores estarían en la obligación de informar ante el IPSA, el surgimiento de enfermedades y plagas que puedan desarrollarse en los cultivos de vegetales y plantaciones de café.

También la iniciativa le permite a las autoridades restringir el ingreso de productos vegetales importados que no cuenten con normas fitosanitarias que exigiría la nación, permitiendo así un control de la demanda del consumo interno.