Ley de Protección Fitosanitaria "es recaudatoria", asegura sector privado

A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Protección Fitosanitaria que fue aprobada este miércoles, las empresas agropecuarias que no aprueben la inspección técnica de prevención de plagas realizada por el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, serán sujetas de multas que van desde los 100 hasta los 7 mil dólares.

Esta Ley normará los procesos de control fitosanitario para la sanidad de los productos vegetales de exportación de cara a cumplir con los convenios nacionales e internacionales que el país ha suscrito en este tema, explicó Arling Alonso, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Parlamento.

Para el sector agropecuario esta medida llega en medio del enorme gasto que enfrentan junto a otros sectores económicos del país producto de las reformas a la Ley de Seguridad Social, Ley de Concertación Tributaria, el alza de la tarifa energética entre otras medidas económicas que el Gobierno ha impuesto en el último año para mantener las finanzas de la arcas públicas afectadas por la crisis sociopolitica.

Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) rechazó la aprobación de esta normativa pues asegura que les excluyó del proceso de consultas. Por su parte el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) que tampoco fue consultado para la aprobación de esta ley, considera que la misma es discrecional, recaudatoria y discriminatoria.

“Imaginate un productor de Mulukukú que siembra un cuarto de manzana de frijoles, si no se inscribe (ante el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA) ¿Le vas a poner una multa de 3 mil, 4 mil dólares a este productor? Cómo va a pagar este productor si prácticamente con ese cuarto de manzana él sobrevive”, cuestionó Healy.

El diputado sandinista y presidente de la comisión de Producción Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional Wálmaro Gutiérrez, aseguró que al proceso de consutas de esta ley “llegó el CNU (Consejo Nacional de Universidades) productores y productoras, cámaras (empresariales afines al Gobierno), en otras palabras, los que si saben del tema de fitosanidad llegaron a decir que la ley es buena, es correcta es necesaria”.

Al Cosep le preocupa que de acuerdo a lo que establece la ley, se pretenda que el IPSA financieramente sea auto sostenible, asegurando su presupuesto del cobro de los servicios que brinda esta institución al sector productivo.

“No se especifica que estos (recursos) deben ingresar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que crea un incentivo perverso, ya que por un lado el IPSA determina los servicios que presta no quedando claro quién autoriza sus tarifas y por otro lado, es quien impone y determina las multas administrativas y dispone de esos recursos”, cuestionó el Cosep.

Si bien Azucena Castillo, diputada de la bancada del PLC considera necesaria esta ley, coincide con el reclamo del sector privado. Señala además que la normativa debería permitirle al sector privado la creación de sus propios laboratorios "destinados a la inspección a través de la certificación aunque las firme el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria”.