Protestas en Chile cumplen dos meses
Tras dos meses de protestas los chilenos siguen demandando la renuncia de Piñera
El estallido social inició el pasado 18 de octubre
Las protestas en Chile cumplen dos meses, sin que hasta ahora se encuentre una solución al conflicto que inició por el aumento a la tarifa del metro y se convirtió en una demanda de la renuncia del presidente Sebastián Piñera.
El estallido social inició el pasado 18 de octubre cuando, principalmente, grupos estudiantiles se movilizaron para rechazar el aumento del precio del pasaje de metro y fueron fuertemente reprimidos por Carabineros, lo que causó un descontento social que se sumó a otras partes.
La noche de este viernes se registraron violentos disturbios en el centro de Santiago, donde miles de manifestantes enfrentaron a la policía, la cual aumentó su contingente para replegar la manifestación.
Ante las demandas de los chilenos y en aras de encontrar una solución, el Gobierno ha elaborado una agenda social que otorga determinadas mejoras en algunas de las exigencias, sin embargo, no cumplen con lo que piden los manifestantes que desean un cambio en la política económica y social de Chile.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un reporte de 35 páginas basado en una investigación liderada por observadores que fueron enviados al país sudamericano en el que destaca que durante las protestas se han cometido "múltiples violaciones de derechos humanos", entre ellas 113 casos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres, niños y adolescentes, lo cuales fueron cometidos por carabineros y militares.
Human Rights Watch también elaboró un informe, el cual incluye evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de Carabineros y para fortalecer sus mecanismos de supervisión.
“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
