EFE

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Las detenciones bajo el régimen de excepción en El Salvador superan las 46.100

Estas detenciones masivas se enmarcan en lo que el Gobierno del presidente Nayib Bukele llama "guerra contra las pandillas" y que, según el mandatario, se está cerca de ganar.


Las autoridades de El Salvador han detenido a más de 46.100 personas, a las que acusa de ser pandilleros, desde finales de marzo al amparo de un régimen de excepción que suspende varios derechos constitucionales, según informó este viernes el Ministerio de Seguridad.

La fuente indicó que en más de 100 días de régimen, aprobado por la Asamblea Legislativa tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas, los arrestos han llegado a 46.120.

Estas detenciones masivas se enmarcan en lo que el Gobierno del presidente Nayib Bukele llama "guerra contra las pandillas" y que, según el mandatario, se está cerca de ganar.

Este dato es de la poca información que las autoridades de las diversas instancias gubernamentales revelan sobre las acciones en este régimen, del que se han negado a oficializar la cifra de personas fallecidas bajo custodia estatal.

Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registran más de 3.000 denuncias de atropellos, entre ellas por detenciones arbitrarias y tortura.

Las oenegés salvadoreñas e internacionales han expuesto estas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia pública en la que el Estado salvadoreño declinó participar, e indicaron que son más de 50 personas las detenidas que han fallecido bajo custodia estatal.

Una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo se saldó con 87 víctimas. En respuesta, el Congreso aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.

Una investigación del medio El Faro apunta que la ola de asesinatos que dio pie al régimen de excepción se dio tras la supuesta ruptura de un pacto entre el Ejecutivo de Bukele y las pandillas. El mandatario, ni ningún alto funcionario del Gobierno, han respondido a esta acusación.