Foto VOSTV.

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Alianza Cívica presenta protocolos para restaurar garantías ciudadanas y libertad de expresión


La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en conjunto con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro presentaron este martes el desarrollo de un protocolo con el que se estarían devolviendo las garantías ciudadanas a los nicaragüenses (punto abordado en el diálogo nacional) y el pleno goce de la libertad de expresión a los medios de comunicación independientes.

Dicho protocolo se está trabajando en consonancia con los acuerdos firmados en la mesa de negociación el 29 de marzo de 2019.

En el protocolo, según Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica, se está trabajando en acciones que brinden garantías de seguridad a las personas liberadas (considerados como presos políticos), la restitución de propiedades privadas muebles e inmuebles, regreso de la autonomía universitaria y desarme de grupos para policiales.

Cristiana Chamorro, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, indicó que "a solicitud de la Alianca Cívica se trabajó la elaboración del protocolo de recuperación de la libertad de expresión, que incluyen acciones a tomar en cuenta para el restablecimiento de la libertad de prensa".

El “Protocolo sobre libertad de expresión y derecho a la información” tiene como principal objetivo “dictar las pautas a seguir para restablecer y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y del derecho de informar de periodistas, directores de programas independientes, dueños y trabajadores de medios de comunicación en Nicaragua, en el ejercicio de su actividad” que fueron afectados tras las protestas de 2018.

“La libertad de expresión es un derecho fundamental, es un derecho que ni siquiera debería estar en la mesa de negociación”, agregó Chamorro.

El Protocolo contiene el proceso de revisión de los casos; acciones que deberá adoptar el Estado de Nicaragua para garantizar estos derechos a los periodistas y directores de programas (…) la obligación del Estado de garantizar las medidas de reparación; y la función de los miembros de la mesa de negociación y garantes para dar seguimiento y verificar la observancia de las disposiciones de este protocolo”, señala una nota de prensa de la ACJD.

“El Estado está obligado a indemnizar todas las violaciones a los derechos humanos, sino los respeta, está obligado al resarcimiento de los mismos; pedir perdón y disculpas por el dolor causado, sino a la población en general, porque estropear la actividad periodística es erradicar el derecho a informarse”, especificó Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica.

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