FOTO: VOS TV | CORTESÍA

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Codeni desmiente cifra oficial sobre huérfanos por el conflicto político


Un total de 98 niños, niñas y adolescentes quedaron en la orfandad a consecuencia del conflicto político en el país, según un informe que brindó este lunes el gobierno en el marco de la Ley de Atención Integral a Víctimas. No obstante, la Federación Coordinadora Nicaragüense que trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) aseguró que la cifra que da el gobierno es totalmente sesgada y parcializada.

De acuerdo a Codeni, la estadística oficial no coincide con los casi 200 niños, niñas y adolescentes que quedaron en la orfandad hasta noviembre del año pasado a consecuencia de la represión gubernamental.

Jorge Mendoza, vocero de Codeni, destacó que el reporte que presentó el gobierno a través de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no tomó en cuenta los distintos informes de organismos internacionales y locales de derechos humanos que contabilizan 328 civiles asesinados en el contexto de las protestas antigubernamentales, de acuerdo a la última actualización de la CIDH.

"Nosotros creemos que esta cifra de 98 huérfanos es una cifra sesgada y reducida. Creemos que las estadísticas podrían casi duplicar la cantidad de niños huérfanos por la cantidad de personas que realmente murieron y las cifras brindadas en los distintos informes de derechos humanos que han recopilado e investigado en el transcurso de esta crisis", concluyó.

Pablo Cuevas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), aseguró que toda cifra que brinda el gobierno sobre el conflicto político "es cuestionable" y las estadísticas sobre orfandad no son la excepción.

No tiene sentido común que haya solo 98 huérfanos cuando más de la mitad de los (328) ciudadanos asesinados eran padres o madres, entonces ahí te da la relación", cuestionó.

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Aunque el gobierno en su informe asegura haber brindado atención en salud a estos 98 niños, niñas y adolescentes que quedaron en la orfandad. Tanto Codeni como la CPDH coinciden que la atención gubernamental se debe garantizar al total de las víctimas. Asegurándoles el acceso a la justicia y adecuado resarcimiento económico.

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