Imagen referencial / Cortesía

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Piden cambio de medidas cautelares para presos políticos enfermos

Familiares de presos políticos expresan preocupación por la pandemia y la situación que enfrentan los reos.


Los familiares de la presa política Juana Estela López, de 59 años de edad, junto a abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), solicitaron a las autoridades de Gobierno que se le cambien las medidas cautelares debido a que se encuentra mal de salud.

López es una de las siete personas que fueron detenidas en la Isla de Ometepe, el pasado 19 de abril, cuando pobladores de la isla escuchaban música de protesta en conmemoración del segundo aniversario de la rebelión cívica contra del Gobierno.

Evert Acevedo, abogado de la CPDH, afirmó que el estado de salud de López es grave ya que presenta sangrado, posibles síntomas del coronavirus y problemas para dormir.

"Ella está muy enferma, está defecando sangre, está también mixionando (orinando) sangre y tiene problemas de tos, fiebre y no la han llevado a un centro clínico para su debida atención", sostuvo el defensor.

A pesar que la privada de libertad es adulta mayor y presenta un estado de salud delicado, en una reciente audiencia, Alvir Ramos, Juez Séptimo de Audiencia, se negó a conceder la petición de la defensa para cambiarle las medidas cautelares por medidas alternas como casa por cárcel. El juez mantuvo la prisión preventiva.

"La alta comisionada de Naciones Unidas (Michelle Bachelet) y la (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) CIDH han manifestado que ante la pandemia de la Covid-19, se debe reducir la población penal a su mínima expresión y el judicial hizo caso omiso a la petición de esta defensa y mantuvo la prisión preventiva", agregó Acevedo.

Por su parte, Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, le advirtió al Gobierno que ante la debida respuesta en este caso "podrían haber consecuencias fatales" con la privada de libertad y señaló que "todo lo que acontesca con la ciudadana interna es responsabilidad del Estado a través de la institución, especificamente el Sistema Penitenciario Nacional".

La Fiscalía acusó a López de 7 delitos, entre ellos, secuestro extorsivo, obstrucción de funciones y robo agravado. Según la acusación la mujer siguió y agredió con un trozo de madera y piedras a un oficial de la Policía Nacional. Al menos 11 agentes del orden público han sido ofrecidos por el Ministerio Público como testigos del caso.

Según su defensor, esta acusación es inverosímil porque su representada tiene problemas de movilidad ya que falsea de la pierna derecha.

Junto a López también fueron detenidos Engel José López Mora, Yubrank Abel Mora Romero, Edwin Javier Mora Cajina, Edman Jean Carlos Mora Ortíz, Justo Emilio Rodríguez López y Amilcar José Cerda Cruz.

Engel junto a otro de los acusados que se mencionaron anteriormente, todavía no han sido llevados a audiencia debido a que están hospitalizados por heridas de bala que recibieron durante su captura.

De acuerdo con el abogado Acevedo, en el caso de Engel se está a la espera de una cirugía que se le realizará en la pierna derecha, la cual presenta fracturas por los impactos de bala.

De ser encontrados culpables, los siete acusados podrían ser condenados hasta 20 años de prisión.

Familia de Edward Lacayo también pide cambio de medidas cautelares

A esta petición de cambio de medidas cautelares por riesgo de salud también se ha sumado Estela Rodríguez, madre del preso político Edward Lacayo, conocido como "La Loba Feroz", quien padece de diábetes.

Lacayo es parte de los más de 80 presos políticos a los que el Gobierno se niega a otorgarles la libertad pese a que los ampara una Ley de Amnistía.

En múltiples ocaciones familiares y organismos de derechos humanos han demandado al Gobierno su liberación debido a los tratos crueles a los que son sometidos en los penales y las deplorables condiciones de hacinamiento en las que están.

"Dicen que ya hay personas infectadas (en el penal) y no queremos que nuestros hijos salgan enfermos de ese lugar, por favor medidas cautelares", suplicó Rodríguez.

Hasta el 6 de mayo de este año la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) contabilizó al menos 14 presos políticos sospechosos de coronavirus dentro del penal por los múltiples síntomas que presentan, según Jesús Téfel, miembro del concejo político de dicha organización.

Ante este contexto, Téfel llamó al Gobierno a por lo menos acceder a cambiar las medidas cautelares o cambiarles el régimen a casa por cárcel ante la amenaza de la pandemia.

"En este momento se vuelve un tema humanitario el tema de los presos políticos y su liberación para evitar el contagio", insistió Téfel.