¿Cómo pueden los nicaragüenses acceder a la nueva categoría especial de refugio que ofrece Costa Rica?

El Gobierno de Costa Rica anunció una nueva categoría de asilo que beneficiará a cubanos, nicaragüenses y venezolanos cuya petición de refugio haya sido rechazada.

Este nuevo mandato permitirá la estadía de los ciudadanos en dicho país centroamericano por un período de dos años, que puede ser prorrogable.

Daguer Hernández, subdirector de Migración y Extranjería de Costa Rica, explicó que para acceder a este beneficio el solicitante debe mostrar la resolución donde se le niega el refugio.

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“A partir de ese requisito debe seguir los estipulados de Migración y Extranjería como son llenar el formulario de afiliación, tener certificación de nacimiento y de nulos antecedentes penales o en su defecto una declaración jurada, pagar los cánones respectivos a migración y extranjería, que ronda entre los 98 y 123 dólares, pero además de eso tener el pago de la caja costarricense del seguro social”, manifestó Hernández.

El subdirector de Migración y Extranjería de Costa Rica aclaró que solo podrán optar por la categoría especial quienes tengan una resolución firme de negación del refugio desde el 1 de enero de 2016 hasta el 18 de marzo de 2020, ya sea que hayan estado en territorio costarricense de forma regular o irregular durante ese período.

Braulio Abarca, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, señaló que esta nueva categoría va a operar dentro de un mes a partir de la publicación de la Ley y finalizará en diciembre del año 2021.

“Esto le daría la posibilidad a los aplicantes de tener una categoría especial migratoria para tener regularidad en el país, para tener acceso al trabajo, tener acceso al permiso laboral, incluso al tema de seguridad social, si bien es cierto que no es el estatus perfecto, con él Costa Rica demuestra su compromiso de mantenerse en la defensa de los derechos humanos de las personas que están siendo perseguida políticamente”, finalizó Abarca.

La resolución especifica que “en virtud de la protección que requieren las personas migrantes afectadas por la situación política, sanitaria y social que se vive en Venezuela, Nicaragua y Cuba, se considera oportuno la implementación de un sistema de protección complementario”.