Gobierno de Nicaragua excluyó a la ciudadanía para aprobación de reforma a Ley de Aguas Nacionales, dice Centro Humboldt

La reciente reforma que sufrió la Ley No. 620, “Ley Generales de Aguas Nacionales”, es de carácter extractiva y “evidencia la voluntad de avanzar hacia la privatización del agua, abriendo la entrada a empresas en los temas de captura, almacenamiento y distribución del vital líquido para consumo humano y actividades productivas”, denunció el Centro Humboldt.

Un documento donde el Centro Humboldt expone sus consideraciones sobre la recién aprobada reforma señala que si bien esta decisión fue justificada para “asegurar” una distribución del recurso de agua disponible, ésta se aprobó “sin considerar la posibilidad de fomentar la producción de agua, que asegure la sostenibilidad del consumo humano y otras actividades vinculadas a los medios de vida”.

A la organización también le preocupa que la reforma no contó con un proceso de consulta a la ciudadanía previo a su aprobación, pues aseguró que “se excluyó toda forma de participación ciudadana y de los gobiernos municipales ante las instancias normadoras y responsables de la operación del sistema” como la Comisión para la Administración Sustentable de los Recursos Hídricos y el Consejo Nacional para el Desarrollo del Recurso Hídrico.

Con la reforma se facultó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no solo la responsabilidad del cuido y preservación del recurso hídrico sino también la habilitó para otorgar permisos y licencias a empresas privadas y otros usuarios.

“Al crear dos instancias nuevas dentro del aparato de gestión gubernamental (Comisión para la Administración Sustentable de los Recursos Hídricos y el Consejo Nacional para el Desarrollo del Recurso Hídrico) las cuales son muy similares en su composición y estructura van a incrementar significativamente la burocracia en la gestión pública del recurso agua en el país, dificultando la aplicación de la norma e incrementando los costos de la misma”, afirmó el Centro Humboldt.

En sus consideraciones, la organización explicó que esta modificación a la Ley 620 obligará a crear y aprobar una Ley Especial de Cánones por Uso o Aprovechamiento de los Recursos y de Vertidos, no obstante, la reforma no fue explícita en mencionar el período en el que debe promulgarse.

La organización ambientalista expresó que si bien esta nueva Ley deberá establecer los montos de acuerdo al uso que se le dé al agua, demandó que se considere la baja capacidad de pago que tienen actualmente los usuarios más vulnerables que son de escasos recursos y que son mayoría en el país.

Sugirió que este costo del agua lo asuman en sus estructuras de costos actividades como la agricultura industrial, la industria de bebidas y otras.

“La absorción de la instancia que hasta ahora establecía las tarifas (INAA), por parte de la ANA, podría llevar a una reconsideración de la tarifa y un eventual incremento en los cánones para aprovechamiento en otros usos consuntivos como la agricultura, energía, entre otros; eventualmente incrementarían la recaudación proveniente de la gestión pública del agua, dichos fondos deberían de ser invertidos en el Fondo Nacional del Agua, instancia creada por la Ley General del Agua, para asegurar la justicia en el acceso al agua como derecho humano y gestión integral de los recursos hídricos”, argumentó el Centro Humboldt.