Foto Cortesía.

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Pronostican mayor hacinamiento tras aprobación de cadena perpetua

La Ley de Reforma al artículo 37 de la Constitución Política del país para intruducir esta pena fue publicado este martes en La Gaceta, Diario Oficial.


El penalista Alonso Cano manifestó que la decisión de las autoridades al aprobar la cadena perpetua en Nicaragua incrementará el problema de hacinamiento en los penitenciarios del país.

“Hay un hacinamiento en las cárceles nicaragüenses, hay una sobrepoblación y sin duda empezar a enviar a más personas con penas de por vida al Sistema Penitenciario Nacional va a crear mayor fricción. Lo más probable es que pronto tengamos amotinamientos muy graves que van a poner en peligro la vida de los reos y de los custodios”, dijo Cano.

El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) Eber Acevedo, señala que los indultos del Gobierno no han logrado erradicar el hacinamiento en las cárceles, y con la aprobación de la extensión de pena los reos no contarán con las condiciones humanas necesarias para permanecer en el lugar.

“Quienes están detenidos por razones políticas nos dicen cómo es de pequeña la celda, en una celda de 3x5 metros hay hasta 30 o 35 privados de libertad, no alcanzan a acostarse, incluso las libertades que ha venido dando el Gobierno a través de varios años por parte de su populismo no ha logrado acabar con el hacinamiento”, agregó Acevedo.

Por otro lado, los expertos aclaran que para aplicar la cadena perpetua en Nicaragua se debe todavía reformar artículos del Código Procesal Penal que establece la pena máxima en Nicaragua de 30 años de prisión.

De aplicársele a algún acusado la cadena perpetua en estos momentos, los juristas aconsejan “recurrir a nulidad porque estarían violentados las garantías constitucionales del Código Procesal Penal”, según el artículo 162 y 163 que refiere a la nulidad de los procesos judiciales

Los especialistas indican además, que con la aprobación de la cadena perpetua se demuestra que el Sistema Penitenciario Nacional no tiene la capacidad para reincorporar a la sociedad a quienes pagan una condena por delito grave.