Foto Cortesía.

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Diputados sandinistas promueven reforma al Código Penal y Ley 779 para adecuarlas a la cadena perpetua

Este miércoles se presentará ante el plenario de la Asamblea Nacional para ser discutida y aprobada.


La Ley 641 o Código Penal y la Ley 779 , Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer, serán sometidas a una reforma en esta semana para “armonizarlas” con la reforma al Artículo 37 de la Constitución Política aprobada el pasado 18 de enero y que legalizó la cadena perpetua para “crímenes de odio”.

Estas modificaciones al Código Penal y a la Ley 779 fueron promovidas por los 70 diputados que conforman la bancada sandinista y enviada con carácter de urgencia a la primer secretaría de la Asamblea Nacional este martes, el mismo día que entró en vigencia la pena de cadena perpetua, según una publicación en el diario oficial La Gaceta.

De acuerdo a los motivos que presentaron los diputados sandinistas, esta iniciativa de Ley de reforma tiene por objeto “regular la previsión constitucional del Artículo 37 que establece la prisión perpetua revisable” afirmando que “los cambios en nuestros ordenamientos jurídicos se hacen necesarios” y que la reciente reforma a la Constitución “es precursora del cambio que necesita la sociedad nicaragüense”.

Dentro de los cambios que serían aprobados dentro de esta nueva reforma es que aquellos delitos considerados “graves” que estén penalizados con cadena perpetua ya no podrán prescribir en el tiempo.

Asimismo, se ha propuesto que la pena de cadena perpetua sea revisable, dentro de un plazo de 30 años, es decir, aquellas personas que hayan sido condenadas con esta pena deberán esperar un plazo de 30 años bajo prisión para someter a revisión esta sentencia “y anualmente después de haber sido denegada ante delitos de excepcional gravedad en la que se justifica la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada, sujeta a un régimen de revisión en la que se pueda valorar el grado de reeducación del preso para que pueda optar a una libertad condicional”.

Para Maricé Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCLV) , es contradictorio que el Gobierno afirme que a través de estas reformas quiera endurecer las penas para delitos graves o de “odio” como los femicidios cuando desde 2018 ha promovido miles de indultos para delincuentes que fueron condenados por crímenes contra las mujeres.

“¿De qué sirve una Ley de cadena perpetua si se ha indultado a más de 23,000 hombres que ni siquiera cumplieron la sentencia y la mayoría fueron por delitos de violencia intrafamiliar, femicidios y violencia sexual, entonces, de qué sirve una Ley de cadena perpetua si están liberando hombres que ni siquiera han cumplido el debido proceso?”, cuestionó.

Para esta activista, el interés del Gobierno de aplicar la cadena perpetua para los delitos graves que establece la Ley 779, más allá de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, tiene un trasfondo político contra los opositores del presidente Ortega en este año electoral.

“Se está haciendo esta Ley en medio de una crisis sociopolítica, en medio de enfrentamientos y de violencia y eso es lo preocupante, que puede ser manipulada y puede ser aplicada a cualquier persona que defienda su derecho de la libertad de expresión, o participación o asociación, como Red de Mujeres no creemos en esta Ley”, afirmó.

Se espera que este miércoles esta iniciativa de reforma sea presentada ante el plenario de la Asamblea Nacional para ser discutida y aprobada.