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Comisión pide a la OEA exigir garantías para elecciones libres en Nicaragua
La Comisión de Buena Voluntad además rechazó la propuesta de reformas electorales
La Comisión de Buena Voluntad de Nicaragua, compuesta por dos veteranos políticos opositores y el exlanzador de la MLB Dennis Martínez, pidió este miércoles a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la oposición, que exijan al Gobierno garantías para unas elecciones libres y transparentes en noviembre próximo.
"Es el momento de unir las voces y las acciones de la oposición, y que junto a la OEA o la comunidad internacional en general, que se exija al régimen represor en Nicaragua el cumplimiento de los acuerdos del 29 de marzo de 2019", indicó la Comisión de Buena Voluntad en una declaración.
La comisión también demandó a la OEA que exija al Gobierno, aprobar unas reformas electorales que garanticen unos comicios "libres, competitivos, justos y transparentes, condiciones indispensables para recobrar la democracia".
El 29 de marzo de 2019, una delegación de Gobierno firmó unos acuerdos en los que se comprometió a suspender actos de represión, respetar la Constitución, permitir el retorno seguro de decenas de miles de exiliados y establecer las bases para unas elecciones "libres, justas, transparentes y observadas", según la oposición.
En tanto, la Asamblea General de la OEA emitió en octubre pasado una resolución en la que pide a Nicaragua "reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales (...) a fin de promover elecciones libres y justas", recordó la comisión.
ADVIERTEN FARSA ELECTORAL
Ese grupo hizo el llamado luego de rechazar la propuesta de reformas a la Ley Electoral planteada el pasado lunes por los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ante la Asamblea Nacional, donde es mayoría.
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En la propuesta, los sandinistas buscan que la Ley Electoral ratifique una serie de legislaciones que, según denuncia la oposición, inhiben a candidatos que critiquen al mandatario o prohíben financiamiento del exterior para los opositores.
El proyecto también busca oficializar la prohibición de la observación electoral y otorga poderes relacionados con los derechos de manifestación, movilización, expresión o asociación a la Policía Nacional, institución que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusa de cometer "crímenes de lesa humanidad".
"Las reformas electorales que pretende aprobar el régimen representan un zarpazo a la dignidad ciudadana y a toda noción de democracia, propician todas las condiciones para el fraude y limita aún más el derecho a conocer, denunciar y sancionar una farsa electoral", advirtió la comisión.
