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Retrasar la legalización de una propiedad puede salir más caro de lo que imaginás
Firmar una escritura no garantiza que la propiedad esté legalmente a nombre del comprador.
Pocos propietarios están al tanto de que los planos catastrales tienen una vigencia limitada. Al vencer, deben gestionarse de nuevo, lo que implica más tiempo y dinero. Este es solo uno de los inconvenientes que enfrentan quienes postergan la legalización de sus bienes inmuebles.
Firmar una escritura no garantiza que la propiedad esté legalmente a nombre del comprador. Sin el registro correspondiente, el inmueble sigue figurando a nombre del vendedor y puede incluso volver a ser vendido.
Según Yessenia Castillo, máster en responsabilidad social, esto puede dar lugar a disputas legales que fácilmente se habrían evitado con una inscripción oportuna.
“Es un riesgo latente cuando se pospone el trámite registral. La propiedad queda en una especie de limbo legal”, señala Castillo, quien destaca que en muchos casos esto ocurre por desconocimiento o por querer evitar gastos iniciales.
Otro de los impactos está relacionado con el pago de impuestos. Si pasan varios años entre la firma de la escritura y su legalización, los montos pueden incrementarse. Además, hay documentos que vencen y deben tramitarse otra vez, como los avalúos o los certificados catastrales, lo que suma nuevos costos.
Castillo también subraya que este tipo de omisiones afecta tanto al comprador como al vendedor: “El antiguo dueño podría seguir recibiendo cobros municipales o enfrentar trabas si desea inscribir una nueva propiedad a su nombre”.
Pérdidas económicas
A diferencia de otros trámites, como el traspaso de vehículos, aquí no hay multas por atraso. Pero eso no significa que no haya consecuencias.
La falta de legalización puede derivar en pérdidas económicas importantes, además del riesgo de perder la propiedad ante un tercero que complete el proceso primero.
Incluso obtener un segundo testimonio de la escritura, si se extravía el original, puede resultar más costoso. “A menudo las personas no consideran esos gastos adicionales y terminan pagando más por haber esperado”, advierte Castillo.
Legalizar una propiedad no es un paso opcional, sino parte esencial del proceso de adquisición. No hacerlo a tiempo puede traer consecuencias legales, económicas y administrativas que podrían haberse evitado con una gestión oportuna.
