Foto Cortesía.

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Proyecto de amnistía sería rechazado por la oposición en la Asamblea Nacional

Para que un proyecto de Ley sea aprobado en la Asamblea Nacional se requiere más de la mitad de los votos de los diputados en el hemiciclo.


Como una idea “maligna” es catalogada la propuesta que podría estar presentando el presidente Daniel Ortega al hemiciclo de la Asamblea Nacional para buscar su amnistía y la de sus funcionarios, catalogado de cometer crímenes de lesa humanidad durante las protestas antigubernamentales del mes de abril del año 2018.

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Realmente es impertinente y maligna una propuesta como esta porque las madres y padres reclaman justicia después de que se les asesinó a sus hijos y lo que debe prevalecer aquí es el derecho objetivo y no pretender un amparo de esta magnitud, afirmó Maximino Rodríguez, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Para que un proyecto de Ley sea aprobado en la Asamblea Nacional se requiere más de la mitad de los votos y actualmente el partido de gobierno tiene 72 escaños, lo que es probable que toda la iniciativa pase sin contratiempo.

Como bancada legislativa rechazamos enérgicamente con contundencia esta supuesta amnistía y no estamos a favor para que en Nicaragua se dé un olvido a los asesinatos, resaltó Miguel Rosales, diputado del PLC.

Respecto al tema, José Adán Aguerri, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) indicó que aún no han sentado una posición clara sobre si el gobierno presenta la propuesta en las negociaciones, mientras tanto hacen las consultas a expertos en temas jurídicos.

Recientemente, Juan Sebastian Chamorro y José Pallais han rechazado la intención del gobierno de querer obtener una amnistía que libraría de toda culpabilidad a funcionarios y a entidades cuestionadas por ejercer violencia contra el pueblo de Nicaragua.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Nicaragua se reportan más de 325 muertos y 603 presos políticos por ejercer el derecho a la libre protesta y manifestación.