Ley sobre Plan Integral de Atención a las Víctimas es una “amnistía camuflada”, dicen familiares de presos políticos


Como una nueva búsqueda de amnistía para el Gobierno, así catalogan los familiares de presos políticos el Anteproyecto de Ley del Plan Integral de Atención a las Víctimas, que según el canciller de Denis Moncada llegará a proporcionar la atención y reparación integral necesaria a las víctimas de los hechos ocurridos desde abril de 2018.

“Es un nuevo intento desesperado por librar ellos a sus paramilitares de toda culpa y crimen que han cometido y es que son ellos los únicos que han cometidos delitos y que hasta están reconocidos como de lesa humanidad, es una amnistía camuflada”, comentó Edwin Carcache, padre del preso político del mismo nombre.

El diputado Alfredo César expresó que se opondrán a ese anteproyecto, pues en ningún momento puede existir amnistía y perdón porque no se generó un choque de dos fuerzas armadas.

“Aquí no hubo una guerra civil entre los dos grupos, fue una rebelión cívica y pacífica, los manifestantes no tenían armas de guerra como sí la tenían los paramilitares, por lo tanto esto no tiene sentido esas leyes que buscan amnistía”, dijo Cesar.

“Hay que castigar a quienes cometieron crímenes y realizaron violaciones a los derechos humanos de manera masiva, castigarlos con todo el peso de la Ley y si alguien de la oposición también ha cometido un error, hay que castigarlo, pero de manera legal, de acuerdo a nuestras leyes, no ensañarse con esa persona”, agregó el presidente del Partido Conservador y diputado de la Asamblea Nacional.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha manifestado que esta medida unilateral presentada en la mesa de negociación por parte del Gobierno no será aceptada sin que se cree una comisión de la verdad, justicia y paz creíble.

Con este posicionamiento coincide el analista político Fanor Avendaño, quien afirma que la reparación en las victimas debe ir de la mano con una buena investigación de los hechos y avalada por ambas partes en el diálogo nacional.

“Si no hay una política pública nacional, respaldada por todos los sectores de la sociedad, estos grupos que buscan justicia y reparación no funcionarán a cabalidad”, dijo Avendaño.

“Se necesita una política de unidad integral de atención de víctimas, pero que sea creada en conjunto, aquí lo que vemos es una propuesta hecha por el Gobierno de manera unilateral, están imponiendo sus opiniones y leyes sin consultar a la contraparte”, finalizó el analista político.

Organismos de derechos humanos internacionales y nacionales han contabilizado que hay entre 325 y 536 muertos en el contexto de la represión a las protestas ciudadanas y más de 600 presos políticos quienes se manifestaron en contra del Gobierno.