Gobierno reformará leyes para mantener en sus cargos a funcionarios sancionados

El gobierno de Nicaragua ha ordenado reformar dos leyes con el objetivo de mantener en sus cargos a cuatro de sus funcionarios sancionados por violación de derechos humanos y corrupción. La medida ya esta generando el rechazo de los diputados de oposición, quienes piden al gobierno que sean removidos de sus cargos definitivamente.


Una vez más la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo será reformada por orden del Presidente de la República Daniel Ortega. Este sábado esta previsto que los 70 diputados de la bancada sandinistas le otorguen a la Primer Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Gloria Dixon, las funciones de firmar los decretos y leyes que ejercía Gustavo Porras antes de ser sancionado por el gobierno de los Estados Unidos.

“Yo creo que el estado se ahorra mucho más si el señor Porras renuncia a su cargo de la Junta Directiva y se queda como diputado, pero estar como un sastre cortándole tela a la manta, pues me parece es una insensatez del Frente Sandinista”, sostuvo Maximino Rodríguez, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

También existe una orden de trámite de urgencia para que se reforme la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Asignando al MINSA, TELCOR y MTI nuevos nombramientos de ministros para mantener en sus cargos a Sonia Castro, Orlando Castillo y Oscar Mojica, señalados por el Departamento de Tesoro de Norteamérica por violaciones de Derechos Humanos y Corrupción.

“Ahora hay que saber cuánto ganarían estos ministros, aquí el Presupuesto General de la República 2019 sufrió un déficit de más de USD 320 millones de dólares, por la crisis de abril del año pasado y, se estarían creando nuevos cargos, ¡es ilógico!” afirmó Jimmy Blandón, jefe de bancada del PLC.

El pasado 25 de junio, tras las sanciones individuales a Gustavo Porras, la Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica para crear el cargo de un secretario ejecutivo que asume las funciones administrativa del parlamento, pero hasta hoy sigue sin ser ocupado.