Presentan recurso de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía

Julio Montenegro aseguró que la Ley de Amnistía no cumple con los principios de justicia, verdad, repetición y reparación, por no referirse en ningún artículo a enjuiciar a quienes asesinaron a civiles durante las protestas de abril 2018.


Los Defensores del Pueblo interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Amnistía, aprobada el 10 de junio por la Asamblea Nacional, ley que dejó en libertad a algunos presos políticos, pero a la vez deja en la impunidad a quienes cometieron crímenes durante el conflicto sociopolítico que vivió el país desde abril 2018, en su mayoría fuerzas de choques afines al Gobierno.

"Consideramos que esta ley va en contra de las pretensiones de justicia que tiene la población nicaragüense, porque habla de delitos políticos y conexos, situaciones que no se han contemplado en el Código Penal y Marco Jurídico del país, porque el terrorismo y el entorpecimiento de servicios públicos, acusaciones contra los amnistiados, no son delitos políticos, el de la protesta cívica, ni existe ese delito, porque en el Artículo 53 de la Constitución Política hay libertad de movilización. Se ha comprobado que los juicios son viciados", explicó Julio Montenegro, coordinador de los Defensores del Pueblo.

Montenegro aseguró que la ley no cumple con los principios de justicia, verdad, repetición y reparación por no referirse en ningún artículo a enjuiciar a quienes asesinaron a civiles durante las protestas de abril.

"Un caso palpable es del asesino de la doctora Brasileña Rayneia Gabrielle Lima, vemos que la ley dice que es para delitos políticos y conexos, pero este señor fue beneficiado, él mismo acepto el hecho y dijo que no andaba en ninguna protesta", afirmó Montenegro.

Según esta organización existen 120 presos políticos los beneficiados con la Ley de Amnistía, violentando el artículo 46 de la Constitución Política, en donde los ciudadanos gozan de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes, lo que según ellos desde el 18 de abril se han irrespetado. Sumado a los tratados internacionales también infringidos, firmados por el Gobierno de Nicaragua en el 2005, como lo es el establecido en la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes.