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Reforman Ley que obliga a notarios y abogados reportar actividades ilícitas

Las modificaciónes en la Ley ha generado controversia entre los diputados opositores.


Con 73 votos a favor por parte de los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y 15 en contra por parte de la oposición, se reformó la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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Las modificaciones en la Ley ha generado controversia entre los diputados opositores quienes cuestionan que ahora los notarios públicos y abogados serán sujetos obligados a reportar ante la Corte Suprema de Justicia a clientes sospechosos que consideren estar ligados al crimen organizado o de cometer lavado de activos.

Aquí los notarios no tienen capacidad investigativa como lo tiene la Policía, el FBI, el Ejército y otras instancias que se dedican a eso, el notario lo que tiene es un cliente que da fe que están realizando una escritura o algún tipo de transacción", señaló el diputado Jimmy Blandón de la Bancada del Partido Liberal Constitucionalista.

El diputado Wálmaro Gutiérrez defendió dicha reforma, aduciendo que desde el año de 1996 Nicaragua suscribió el convenio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFIC) y que basado en ese acuerdo el país creó en el año 2012 la ley 793, Ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para prevenir y combatir el crimen organizado y el lavado de activos.

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En otras palabras, estamos cumpliendo con todas las disposiciones que nosotros como Estado adoptamos en nuestra legislación interna, no es consecuencia que se nos han ocurrido como país, ya están adoptadas desde el año de 1996, resaltó del diputado Gutiérrez.

Para el proyecto de reforma, la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional consultó a instituciones como la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia. Antes de la reforma a la Ley 977, la única profesión que rendía cuentas sobre operaciones sospechosas de lavados de activos eran contadores públicos al estar regulados por la Unidad de Analisis Financiera (UAF).