La UE adopta un marco legal para la imposición de sanciones contra funcionarios o entidades nicaragüenses


El Consejo de la Unión Europea (EU) adoptó este lunes un marco para la imposición de medidas restrictivas específicas contra funcionarios del gobierno o entidades responsables de violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

"Este marco establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia y el estado de Derecho en Nicaragua”, destacó en el comunicado.

Las sanciones consisten en la prohibición de viajar a la Unión Europea y la movilización de bienes, destacando que “las personas físicas y las entidades establecidas en la UE tienen prohibido poner fondos a disposición de aquellas que figuren en la lista”, señaló el comunicado de prensa.

A parte de las sanciones, el Consejo emitió una serie de recomendaciones sobre Nicaragua, recordándole al Gobierno las que emitió el 21 de enero de 2019, así como varias declaraciones, realizadas desde abril de 2018, mediante las que expresó su preocupación por el deterioro de la situación política y social en Nicaragua.

“Condenamos firmemente la represión que las fuerzas de seguridad y los grupos armados afines al Gobierno ejercen desde abril de 2018 contra opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil”, recordó.

Para la UE es necesario restablecer el Estado de Derecho en Nicaragua para que exista tranquilidad entre la población, además retomar el diálogo nacional será un paso importante para el país.

Las recomendaciones que más destacan en el comunicado de prensa se encuentran:

“La UE insta urgentemente al Gobierno de Nicaragua y a todas las partes a reanudar de forma constructiva un diálogo nacional eficaz, amplio y centrado en los resultados, en particular sobre la adopción de reformas electorales de conformidad con las normas internacionales, como paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas. La UE se muestra dispuesta a ofrecer su apoyo si las partes lo solicitan”.

El comunicado finalizó señalando que "la UE reafirma su compromiso de continuar trabajando para una salida pacífica de la actual crisis y de respaldar al pueblo nicaragüense en su esfuerzo por colmar sus acuciantes necesidades y aspiraciones”.

Para Edgar Parrales, ex embajador, la ejecución de estas sanciones depende del informe pendiente de la Organización de Estados Americanos que será presentado este 11 de noviembre, por la comisión al más alto nivel.

“Lo que acaba de hacer el Consejo de Europa es aprobar una normativa de tipificación de delitos de violación a los Derechos Humanos, como por ejemplo secuestro, violaciones a los derechos de encarcelados, persecución a quienes se manifiestan, acoso y entorpecimiento de la vida social de las personas, por lo que cada uno de esos delitos tendrá su específica sanción”, explicó Parrales.

Para Fanor Avendaño, analista políticos, está es la última oportunidad que la Unión Europea está dando, pues una cláusula del marco jurídico señala que si el Gobierno muestra buena voluntad, restituye los derechos constitucionales de protestar y devuelve toda propiedad incautada producto de alguna investigación a opositores, estas medidas serían erradicadas de ser conjuntas para alguna institución, aunque las prohibiciones individuales persistirán.

“Esto implica que la negociación no necesariamente tiene que ser un diálogo bilateral, esta negociación es inclusiva, gobierno, partidos políticos, sectores sociales y económicos y la Alianza Cívica junto a la Unidad Nacional Azul y Blanco”, dijo Avendaño.

El analista político enfatizó en que este llamado no solo es para el presidente Ortega, sino a todo el Estado, tal es el caso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Procuraduría para los Derechos Humanos, Asamblea Nacional, Consejo Supremo Electoral y a las instituciones estatales.

“La UE le está diciendo a estas instituciones, aquí estamos sonando las campana y el problema será cuando las redoblen y se investigue si ellos fueron parte de las supuestas violaciones a los derechos humanos”, finalizó.