Foto Lorenzo Vega.

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Criminalización de la profesión: así catalogan abogados nuevas medidas de la DGI


Como una búsqueda ilegal de controlar sus movimientos jurídicos y convertirlos en un aparato de espionaje, así ven algunos abogados que la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Gobierno de Nicaragua esté exigiendo un reporte de los movimientos notariales.

Julio Montenegro, abogado coordinador del Grupo Defensores del Pueblo, aseguró que esta medida es una violación del artículo 3,303 del Código Civil que exige a los profesionales del derecho silencio ante movimientos personales de sus clientes.

“Lo que es el testamento cerrado, por ejemplo, a este nadie debe tener acceso, más que el notario y el cliente que va a traspasar los bienes inmuebles a alguien de sus familiares, ahora hasta eso va a ser parte del escrutinio de parte del Gobierno por lo que esto es una violación a su privacidad”, ejemplificó Montenegro.

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Los profesionales del derecho coinciden en que se les está criminalizando su trabajo con estas medidas y poniendo en riesgo negocios y bufetes independientes pues los clientes preferirán no realizar gastos administrativos exorbitantes.