Oposición de Nicaragua prepara propuesta de reformas electorales para presentarla a la OEA

Los grupos opositores preparan la conformación de la Coalición Nacional


La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia prepara una reforma electoral consensuada con partidos políticos y otras organizaciones opositoras al Gobierno, la que sería oficialmente presentada a la Organización de Estados Americanos (OEA) y se debatiría en una eventual mesa de negociación.

“Los partidos políticos ya nombraron comisiones, que se sentaron con este equipo de la Alianza Cívica y dieron sus aportes, por lo que estamos en los últimos detalles para que tengamos una reforma que sea consensuada con múltiples sectores y que sea una sola”, aseguró Michael Healy, coordinador de la Comisión de Inclusión de la Alianza Cívica.

Healy afirmó que los grupos opositores preparan la conformación de la Coalición Nacional y que podría presentarse el próximo 12 de diciembre, esta sería la que se enfrentaría al partido de Gobierno en unas futuras elecciones presidenciales.

“Está alianza no va a ser sólo electoral, va a ser más allá del tema, pues vamos a buscar cómo mantenernos unidos y posteriormente logremos ese cambio de Gobierno que quieren la mayoría de los nicaragüenses, para que podamos trabajar en los cambios que todo mundo te exigen en Nicaragua”, agregó Healy.

Para este grupo opositor, es urgente la creación de reformas electorales, que garanticen elecciones justas y transparentes, pero sobre todo que detengan el temor de los países de la región Centroamericana, como Costa Rica, en donde su presidente Carlos Alvarado ha pedido a la comunidad internacional mitigar el impacto colateral de la crisis nicaragüense al resto de países de la región.

“Lo que está pasando en Nicaragua, impacta a Costa Rica, pues tenemos de 80 mil a 100 mil refugiados en ese país y ellos los están atendiendo, si se continúa deteriorando la situación económica ese flujo se va a agravar”, manifestó Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica.

Los opositores coinciden en que solo la imposición de sanciones a funcionarios gubernamentales, es lo que presionará al Gobierno para aceptar reformas electorales.