imagen referencial / Cortesía

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Emiten recurso por inconstitucionalidad contra ampliación de plazo para solicitar personería jurídica

Según Defensores del Pueblo el CSE no cumplió con lo estipulado en la Ley Electoral


Los abogados que conforman el grupo de Defensores del Pueblo, introdujeron un recurso por inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra de la resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE), que amplía el plazo para que organizaciones y partidos políticos obtengan personería jurídica.

José Antonio López, miembro de los Defensores del Pueblo, recordó que, en la resolución del CSE, los magistrados señalaron que la ampliación se debía a que la pandemia del coronavirus estaba limitando algunas actividades organizacionales y sociales, incluyendo la certificación de personalidad jurídica.

Según López, esta resolución es contradictoria ya que hasta el momento el Gobierno de Nicaragua no ha declarado una emergencia nacional por la pandemia.

“El artículo 4 de la Ley electoral, Ley 331, señala que el CSE podrá modificar o reformar el calendario electoral por causas de caso fortuito o fuerza mayor, pero vemos que aquí el presidente Daniel Ortega se niega a decretar cuarentena por el Covid-19, entonces no hay emergencia según el Gobierno, por eso no es necesario alargar el proceso”, dijo López.

La Ley 331 estipula que el CSE deberá consultar con las organizaciones políticas antes de resolver el calendario electoral y sus modificaciones.

“Ellos invaden el Poder Electoral al atribuirse funciones que no les competen, porque la Constitución Política dice que son atribuciones de la asamblea nacional reformar o derogar leyes y cómo interpretarla auténticamente”, afirmó López.

Los abogados explicaron que los magistrados del CSE violentaron derechos constitucionales contemplados en el Código Penal, Ley 641, por lo que en un Estado de Derecho podrían ser acusados ante el Ministerio Público.

“Sí aquí hubiera un Estado social de derecho, inmediatamente los mismos partidos políticos pueden ir a interponer su acusación ante el Ministerio Público por que actuaron contrario a la ley y contrario a los intereses de los partidos políticos, una vez abierto el proceso penal, el procedimiento y lo correcto sería desaforar al magistrado, quien tendría que enfrentar la justicia”, aseveró López.