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Agentes Extranjeros que no se inscriban ante el Migob podrían ser encarcelados, dice experta

La Ley fue propuesta por diputados sandinistas.


La propuesta de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que busca “poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua” es para expertos en la materia una estrategia inconstitucional ya que con ella se pretende una confiscación masiva y encarcelar a quienes se opongan a la misma.

La Ley, propuesta por diputados sandinistas, “tiene como objeto establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que responda a intereses y financiamiento externo, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.

Martha Molina, investigadora del Observatorio Pro Transparencia y Anti Corrupción, manifestó que la ley señala que toda persona nacional o extranjera que sea considerado un “agente extranjero” debe ser regulado y si no se inscribe ante el Ministerio de Gobernación (Migob), podría ser encarcelado.

“Tras la aprobación les darán un período de 5 días a quienes se les informe que son agentes extranjeros para que se lleguen a inscribir y si no lo hacen la pena ronda los 15 años de prisión”, expresó Molina.

La abogada aclaró dicha Ley abarca incluso que cualquier persona nombrada como agente extranjero no podrá dar entrevistas en las que pueda expresar alguna postura política u opine de la política en el país.

Molina manifestó que inclusive las personas naturales que reciban remesas y que el Gobierno considere que utiliza estos recursos para injerencias, deberán reportar cada movimiento financiero ante el Ministerio de Gobernación (Migob).

Este accionar, según la experta, violenta el artículo 50 de la Constitución Política, que señala que los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal para la formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de las políticas públicas y sociales, así como los servicios públicos.

Maximino Rodríguez, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), explicó que esta Ley violenta el artículo 44 de la Constitución Política.

“Promueve la confiscación ilícita de los bienes materiales, muebles e inmuebles de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o asociaciones, quieren enriquecerse ilegalmente, pero recordemos que la Constitución Política prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes por los daños inferidos”, aseveró el diputado.

Gonzalo Carrión, presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, considera que Ley se aplicará contra los grupos de oposición al Gobierno.

“Busca inhibir candidaturas, pero la participación política está dispuesta en la Constitución y una Ley como esta no puede estar por encima de la carta magna”, dijo Carrión.