Foto Cortesía.

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Ley Especial de Ciberdelitos continúa en proceso de consultas para su aprobación

En el proceso de consultas solo participan organizaciones afines al Gobierno, dice diputado.


La iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos continúa en su proceso de consultas en la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, así como en la de Educación, Medios de Comunicación Social, Cultural y Deportes y la de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, indicó el diputado Jimmy Blandón, sin embargo, asegura que el proceso que se ha estado realizando no es abierto pues solo se consulta a sectores relacionados al Gobierno.

“Este miércoles por la tarde nosotros fuimos citados al proceso de consultas, el cual culminará esta semana. Ahora hay que esperar su ratificación para que el documento llegue al plenario y sea discutido, pero nosotros desde ya nos estamos oponiendo a eso”, expresó Blandón.

La propuesta, de momento, establece aplicar penas de entre 2 a 4 años de cárcel a usuarios, medios digitales o de comunicación que realicen publicaciones o noticias falsas que produzcan alarma o zozobra al entorno social, político y económico de la nación.

Al respecto, los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la Asamblea Nacional interpretan la propuesta como una medida que podría cercenar el derecho a la libertad de expresión e información, garantías que están establecidas en la Constitución Política de Nicaragua.

Maximino Rodríguez, también de la bancada liberal, manifestó que los derechos inalienables de los pueblos están por encima de la soberanía de los estados, por lo que considera una “aberración jurídica las pretensiones del gobierno con esta Ley”.

La Bancada del PLC, al igual que hicieron con la propuesta de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, esperarán que la Ley de Ciberdelitos sea dictaminada por las comisiones para presentar luego de forma independiente un dictamen minoritario rechazando el contenido de la iniciativa.

Según el documento presentado por el ejecutivo, la iniciativa tiene como objetivo la "prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilizan dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes".