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Cadena perpetua en Nicaragua es una herramienta más para intimidar voces opositoras, dicen organismos

La cadena perpetua podría entrar en vigencia en este año electoral.


Con la aprobación de la reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua que legalizará la cadena perpetua para “crímenes de odio”, el Gobierno del presidente Daniel Ortega tendrá una herramienta más para intimidar a las voces opositoras en Nicaragua en este año electoral, señaló la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, anunció que el 18 de enero, durante la primera sesión ordinaria de este año, los diputados del parlamento terminarán el proceso de aprobación de la reforma al artículo 37.

La cadena perpetua en conjunto con la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros serán el nuevo instrumento de amenaza contra la oposición en este año electoral, según Jesús Tefel, integrante del Consejo Político de la UNAB.

“Esta Ley es peligrosa principalmente porque tenemos un sinnúmero de presos políticos todavía en las cárceles de los cuales muchos todavía no han cumplido el proceso de juicio, todavía no han sido ni siquiera procesados ni condenados; entonces, entrando en vigencia esta Ley, aunque las leyes no se pueden aplicar retroactivamente, podrían intentar aplicarla a algunos de los presos políticos. Recordemos que el Gobierno no respeta el Estado de derecho y hace lo que quiere a su antojo”, afirmó Tefel.

Karla Sequeira, abogada de la CPDH, explicó que este tridente de leyes promovidas por el Gobierno vulneran los derechos humanos y garantías constitucionales de los nicaragüenses protegidos por la Constitución Política del país así como los tratados y acuerdos internacionales que Nicaragua ha suscrito en esta materia.

Sequeira fue enfática en mencionar que lo peligroso de esta reforma al artículo 37 es la discrecionalidad que tendrá el Gobierno para poder aplicar la cadena perpetua sobre todo en el contexto electoral.

“Podemos determinar de que cualquier persona con la Ley de Ciberdelitos y también con la Ley de Agentes Extranjeros, en cualquier momento puede ser acusada por algún tipo de crimen de odio porque recordemos que es parte de este proceso de intimidación, coacción que tiene también el Gobierno para que las personas callen”, dijo.

De darse un cambio de Gobierno, Sequeira manifestó que se necesitaría de otra reforma a la Constitución Política y a las leyes ordinarias como el Código Penal para establecer de manera clara para qué tipo de delitos se podría establecer esta pena.