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Foto cortesía

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Piden propuestas de acciones para demandar condiciones electorales en Nicaragua

Las propuestas se podrán hacer a través de la plataforma Nicaragua Decide


La plataforma de consulta abierta Nicaragua Decide, realizará una nueva consulta para conocer la opinión de la ciudadanía sobre acciones no violentas de presión interna, que se podría impulsar para que el Gobierno ceda y entregue condiciones favorables para las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

La consulta abierta se realizará del 21 al 23 de mayo y es la oportunidad de la ciudadanía para priorizar potenciales acciones de presión interna, que deberían impulsar grupos de oposición.

De acuerdo con un comunicado de Nicaragua Decide, los paros empresariales, desobediencia tributaria, huelgas de brazos caídos, boicot a negocios pro gobierno y acciones pacíficas de protesta, podría ser parte de las acciones que promueva la oposición para presionar al Gobierno.

“Así mismo se podrá priorizar a los actores que deberían estar a la cabeza del impulso de estas acciones tales como: grandes empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, sectores religiosos, medios de comunicación, pre candidatos o precandidatas. También se dejará un espacio abierto para que la ciudadanía pueda agregar acciones y actores no contemplados inicialmente en la consulta”, cita el comunicado.

Según el equipo de esta plataforma, la idea de proponer acciones es porque están observando una aceptación de hecho de las reglas del juego que el Gobierno está imponiendo al próximo proceso electoral.

“La historia reciente nos ha enseñado que sin presión nacional e internacional el Gobierno no cede y lo que observamos de las organizaciones políticas es pasividad y resignación”, manifiesta la nota de prensa.

Para la oposición nicaragüense, no existen garantías electorales luego que los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, aprobaran unas reformas a la Ley Electoral que anulan la observación electoral para dar paso a la figura limitada del "acompañamiento", inhibe a candidatos que aplaudan las sanciones internacionales contra el presidente Ortega y sus allegados, limita la financiación electoral y restringe derechos constitucionales.

Adicionalmente, reeligieron a 2 magistrados del Consejo Supremo Electoral y eligieron a otros 8, en su mayoría sandinistas, que garantizó que el cuerpo arbitral de los comicios continúe integrado por miembros del oficialismo y personajes descritos como aliados, de acuerdo con los opositores.