Foto Gerall Chávez.

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Nuevamente solicitan a la CSJ declarar inconstitucional Ley Contra el Terrorismo

El Cenidh considera que esa Ley fue diseñada para criminalizar las protestas sociales en Nicaragua y más aún por el estallido social que vive el país desde abril pasado.


Ante la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), presentó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, (Cenidh), el segundo recurso por inconstitucionalidad contra el Decreto 15.2018, Reglamento de la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El Cenidh considera que esa Ley fue diseñada para criminalizar las protestas sociales en Nicaragua y más aún por el estallido social que vive el país desde abril pasado.

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Vilma Núñez, presidente del Cenidh, asegura que la “Ley contra el lavado de activos se debe declarar fuera de la Constitución y consecuentemente, quede invalidada”.

Vilma Núñez, presidente del Cenidh.

Los abogados del Cenidh refieren que la normativa de la Ley viola los derechos de asociación, el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

“Ya que te reforma tácitamente La Ley 147 y reforma además la Ley 977 al establecer funciones a las entidades públicas encargadas que no estaban reguladas en la Ley 977 ni en la ley 147, que es la ley general de organizaciones sin fines de lucro, señaló Salvador Marenco, abogado del Cenidh.

Marenco señala que esa nueva normativa viene a establecerte mayores funciones de control excesivo e inquisitivas a las organizaciones de la sociedad civil ya que establece que ellos tienen la facultad de controlar a esas organizaciones.

“Es decir, pueden llegar a la oficina y pueden empezar a controlarte en dos funcionamiento, esto es inconstitucional y además violan los estándares internacionales del grupo del Gafi, pero además viola los informes de la relatoría especial en esta temática para derechos humanos y terrorismo”, finalizó Marenco.

El reglamento de la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva fue aprobada por la Asamblea Nacional en julio de este año.

Establece en su artículo 44 que el delito de terrorismo es cometido por quien “realice cualquier acto designado a causar bienes o servicios públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un Gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.