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Congreso de Estados Unidos aprueba Nica Act

El proyecto está a solo un paso de convertirse en Ley:


El Congreso de los Estados Unidos aprobó este martes la Nicaraguan Investment and Conditionality Act, conocida como Nica Act, que ahora solo espera ser firmada por el presidente de esa nación norteamericana Donald Trump para finalmente convertirse en Ley.

En un plazo no mayor de diez días, el presidente Trump tendrá en sus manos el documento oficial para aprobar dicha Ley.

El pasado 27 de noviembre la Cámara Alta de los Estados Unidos había aprobado la resolución elaborada por la congresista Ileana Ros-Lehtinen.

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"Gracias a mis colegas en la Cámara por pasar una vez más mi Nica Act. El Congreso de los Estados Unidos no permitirá que el déspota de Ortega continúe con abusos y represión", celebró la congresista Lehtinen en su cuenta de Twitter.

La funcionaria agregó que "Estados Unidos ha respondido al llamado del pueblo nicaragüense y continuará haciéndolo en apoyo de las necesarias reformas electorales y de derechos humanos”.

La Ley fue fusionada con el proyecto de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, del senador Bob Menéndez, que busca sancionar al gobierno del presidente Daniel Ortega, quien ha sido acusado de violación a los derechos humanos por reprimir a los ciudadanos durante las protestas de abril.

Esta fusión de ley busca además sancionar a funcionarios aliados del presidente Ortega que hayan participado en actos de violación a los derechos humanos y de corrupción.

Reacciones tras la aprobación de la Nica Act


El excanciller de Nicaragua, Norman Caldera destacó que sin ninguna duda en los próximos días finalmente se estaría aprobando la Nica Act.

"La Ley se va a firmar, no creo que en Nicaragua se dé un diálogo para frenar la firma de la Nica Act, lo ideal sería un diálogo para evitar que se apliquen las sanciones una vez firmada la Ley, eso sí es lo posible".

Agregó que "se trata de una Ley que va tras los cómplices, no solo los violadores de derechos humanos y que han cometido actos de corrupción, todo aquel que haya estado involucrado de una u otra forma en estos actos después del 10 de enero de 2007 (cuando asumió la presidencia Daniel Ortega) serán sancionados".

En ese sentido, "con esta Ley el Gobierno de los Estados Unidos le dice al presidente de Nicaragua que reflexione, que haga un examen, que escuche al pueblo de Nicaragua, a los 6 millones de habitantes que también se ven perjudicados" con el fin de encontrar una salida pacífica a la actual situación del país. "El presidente Ortega debe escuchar a su gente", señaló Caldera.

“No creo que la Ley habilitante se detenga, pero sí es posible que no vengan sanciones adicionales en la medida que se encuentren con un gobierno que está dialogando, que está siguiendo el cauce de devolverle al país la democracia”, declaró.

Asimismo explicó que el Gobierno de Nicaragua se equivocó con su estrategia para evitar el avance de esta Ley.

“Yo tengo la impresión de que el gobierno se equivocó de estrategia en la manera que trataron de detener esto en el congreso en vez de tomar acciones aquí que permitieran que se detuviera, por ejemplo tomar acciones como un adelanto de elecciones, lo que ha pedido y lo que dicen las mismas introducciones a esta leyes, a la Magnitsky Global, la Magnitsky Nica Act y las orden ejecutiva”, indicó Caldera.

También, el economista Mario Arana manifestó que la Ley tendrá repercusiones en la inversión pública.

"El país necesita fortalecer la constitucionalidad, el respeto a los derechos humanos, establecer una democracia incluyente, Estados Unidos ha evidenciado un mal manejo de la situación interna en el país, por ello, el Gobierno de Nicaragua debe entrar en una negociación que encamine a solucionar la problemática del país, no es una Ley positiva desde el punto de vista económico y social, se trata de una sanción para todo el país por el actuar político del Gobierno que no respeta los derechos humanos".

Arana destacó que "es hora de abrir un nuevo capítulo en el país, de enfrentar los temas de manera integral, con un propósito en común para frenar estas sanciones".

Recalcó que el sector privado se debe pronunciar los más pronto posible para determinar los pasos a seguir como gremio para enfrentar las posibles sanciones de la Ley.

"La esperanza de todos es lograr una negociación antes de que se empiecen a aplicar las sanciones de la Nica Act, nunca es tarde para rectificar", finalizó.