FOTO CORTESÍA LA PRENSA.

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Urgen considerar aplicación de Carta Democrática a Nicaragua tras aumento de la represión

Estados miembros de la Organización de Estados Americanos debatieron la urgencia de aplicar la Carta Democrática a Nicaragua por el aumento de la represión ejercida por el Gobierno de Nicaragua, tras presentación de informe sobre violaciones a los Derechos Humanos en el país.


Este jueves el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una sesión extraordinaria para tratar la actual situación social y política en Nicaragua.

La sesión fue convocada por solicitud del estado de Canadá, miembro del Grupo de Trabajo para Nicaragua de la OEA.

En la sesión, Esmeralda de Troitino, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, estuvo presente durante la presentación del informe sobre violaciones a los derechos humanos en Nicaragua elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, tras escuchar la presentación del informe sobre violaciones a los derechos humanos en el país, explicó que "nos vemos obligados a pensar en la aplicación de Carta Democrática Interamericana. Quisiera aferrarme a que usted (el presidente Daniel Ortega) y su Gobierno asuman la dignidad de asumir errores, de volver a principios que los llevaron a la democracia en Nicaragua".

De seguir la represión en Nicaragua, Almagro señaló que solicitarán las detenciones a "aquellos actores que practican" la violencia en el país, activando así "el prinicpio de Justicia Universal".

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A continuación, te compartimos los principales puntos que se abordaron en la reunión:

Tras la presentación del informe final del GIEI, los estados miembros de la OEA realizaron las siguientes intervenciones:

Estados Unidos condenó la situación en Nicaragua, se pronunció sobre la ilegalidad al quitarle las personalidades jurídicas a ONG del país defensoras de los derechos humanos y contra el asedio a los periodistas independientes. "El desprecio a los derechos humanos es un reflejo de los abusos cometidos".

Con estas acciones, "Nicaragua se aisla cada vez más, exigimos la liberación inmediata de los presos, llamamos al Gobierno a reconsiderar su decisión de condenar la presencia del GIEI y otros grupos, no podemos guardar silencio, debemos empezar a implicar la Carta Democrática, Nicaragua ya no es una sólida democracia, pedimos al Estado que responda a su pueblo y convoque a elecciones libres como parte de un diálogo nacional".

Pese a los señalamiento, el representante de Nicaragua destacó que el Gobierno del Presidente Daniel Ortega "actúa en el marco de la ley y en estricto apego a restablecr el orden frente al intento de golpe de Estado".

Asimismo denunció que la labor del Grupo de Trabajo para Nicaragua de la OEA es promover el terrorismo económico en la nación centroamericana.

Venezuela mostró su apoyo al Gobierno de Nicaragua y declaró que todo se trata de una política de injerencia de parte de los Estados Unidos. "Estados Unidos tiene una política de agresión permanente contra el Gobierno de Nicaragua. Ese es el verdadero escándalo que debemos denunciar", destacó el representante permanente de este país durante la sesión extraordinaria.

La delegación de Perú también condenó la salida del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, así como el retiro del GIEI. "Vemos con total preocupación la situacion en el país, que cada día se agrava aún más y aleja al gobierno de sus compromisos y obligaciones de garantizar los derechos humanos, los estados miembros de la OEA no podemos permanecer impasibles ante lo que sucede".

Colombia, por su parte, destacó que "los intentos de diálogo fueron frustrados por la falta de voluntad del Gobierno de Nicaragua, que criminalizó cualquier acto de protesta ciudadana, medios de prensa y periodistas". Para esta nación, también es necesario abordar la crisis en el país "a la luz de la Carta Democrática Interamericana".

La delegación de Argentina refirió que "sabemos que el uso de la fuerza la tiene el Estado, está claro. Estamos hablando de terrorismo de estado lo que sucede en Nicaragua, reunirse en las calles no debería ser un delito, cantar el himno ni lanzar globos de colores, no debería ser un delito; los informes demuestran que en Nicaragua no hay democracia".

La delegación de Canadá destacó la importancia de escuchar a través de la CIDH la evolución de lo que pasa en Nicaragua, "es necesario conocer la proporción de la crisis para que este consejo siga informando de lo que pasa en el país".

Esmeralda de Troitino denunció el "grave deterioro de la situacion de los derechos humanos, el recrudecimiento de la represión y las acciones para silenciar, intimidar y criminalizar a las voces de las personas opositoras al gobierno, organismos internacionales y nacionales de derechos humanos y medios de comunicación independientes":

La vicepresidente presentó un resumen de lo que pasa en Nicaragua, entre los que destacan los siguientes puntos:

El Gobierno intensificó en cerrar espacio para el ejercicio de los derechos humanos y libertad de expresión.

Suspención de la invitación a permanecer en el país Nicaragua al MESENI y la finalización ancticipada del mandato del GIEI sin la posibilidad de presentar su informe en el país que incumple las recomendaciones luego de la primera visita de la CIDH en Nicaragua, que incluyó la apertura del gobierno del monitoreo internacional.

Del 17 al 21 de mayo durante la primera etapa de la represión estatal, la CIDH realizó visita de trabajo y emitió 15 recomendaciones preliminares para tratar la situación en el país.

El 21 de junio durante la presentacion del informe "Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua", la Comisión denunció los patrones comunes de violaciones a los derechos humanos, confirmados ahora por el GIEI, que son el uso arbitrario de la fuerza, fuerza letal por agentes de la policía y grupo parapoliciales para disuadir las protestas, negación de atencion médica a los heridos, sanciones a quienes brindaban servicios medicos, obstrucción del trabajo humanitario, detenciones arbitrarias, violencia y ataque a periodistas y medios de comunicación.

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En julio de 2018 se constataron graves violaciones a los derechos humanos en una segunda fase en el marco de los operativos "de limpieza" desplegados por agentes de la policía para desmantelar los tranques y barricadas en todo el país que aumentaron el número total de muertes tras las protestas.

En agosto, la Comisión denunció la consolidación de una tercera fase de la represión en la persecución y criminalización de estudiantes, líderes sociales y opositores al gobierno. También la CIDH advirtió sobre detenciones arbitrarias a dirigentes campesinos.

La Comisión constató falta de garantía e independencia en el poder judicial de Nicaragua.

Además, han documentado violaciones a la garantía del debido proceso, sugerir autoincriminaciones, sentencias basadas en testimonio de oídas y en contradicciones, penas maximas y desproporcionadas.

"Después de ocho meses, la comisión hoy denuncia una intensificación de la represión estatal caracterizada por el aumento de actos de agresión y hostigamientos y criminalización hacia periodistas".

En una cuarta etapa de represión del gobierno, en los últimos dos meses el Estado de Nicaragua no ha permitido ninguna manifestacion, el 13 de octubre el Gobierno decretó la prohibición de marchas ciudadanas ademas implementó una estrategia estatal para impedir cualquier protesta social como es la ocupación de espacios públicos tales son las rotondas que anteriormente fueron usadas por los manifestantes".

"Nicaragua adoptó un conjunto de medidas y decretos que bajo la apariencia de legalidad restringe de manera ilegítima los derechos a la libertad de expresión, esenciales para el efectivo funcionamiento de toda sociedad democrática."

En general, la CIDH contabiliza 117 atentados contra la libertad de expresión, 24 niños, niñas y adolescentes muertos durante el contexto de la represión y otros lesionados, baja presencia de estudiantes en escuelas y un adoctrinamiento político en ellas, alteraciones en calendarios escolares, presencia de policía en las comunidades y espacios públicos, desde el 18 de abril se tiene registro de 325 muertos; 550 detenidos, más de 2,000 heridos, 300 despidos a profesionales de la medicina y 80 alumnos expulsado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua por haber participado en las manifestaciones políticas.

La vicepresidenta de la CIDH finalizó su intervención diciendo que el GIEI destacó en su investigación que el Estado de Nicaragua cometió "crímenes de lesa humanidad" por lo que es necesario una real investigación a los asesinatos, violencia, torturas y desaparición forzada.