Piden extradición de expresidente de El Salvador, Mauricio Funes

Negativa del gobierno generaría tensiones diplomáticas entre Nicaragua y El Salvador, dicen expertos.


Si se confirma que las acusaciones en contra del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, no tienen un trasfondo político, sino la búsqueda de justicia para esa nación centroamericana, el gobierno de Nicaragua estará obligado a extraditarlo a como se lo han solicitado, confirman expertos.

“Lo acusan de corrupción y de malos manejos de fondos, hay que ver si es solo por esto o hay un trasfondo político”, explicó el analista político, Edgard Parrales.

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Parrales agregó que se debe analizar si la calificación por los supuestos delitos es objetiva de parte de la Fiscalía de El Salvador.

“El Gobierno de El Salvador debe presentar una documentación exhaustiva en la que se justifique los méritos de su pedido de extradición al Estado de Nicaragua, quienes evaluarían luego esta solicitud,” afirmó Bosco Matamoros, analista político.

Según los especialistas, en la región centroamericana existen buenas relaciones entre los gobiernos centrales y un respeto al asilo político, sin embargo, de continuar la negativa del gobierno de Nicaragua para extraditar a Funes, generaría tensiones en las relaciones con el nuevo gobierno de Nayib Bukele de El Salvador.

“Todos los Gobiernos en el caso de América Latina y el resto del mundo son cuidadosos al evaluar estos casos, porque se trata de que si se comete un error a una violación a los derechos políticos de los individuos”, expreso Matamoros

Para Edgard Parrales, de existir una confirmación de que no existe un trasfondo político, será difícil que la población lo sepa, “No creo que se vaya a descubrir, porque este gobierno, le va a dar siempre el espaldarazo y protección al señor Funes”.

Parrales manifestó que se necesita de un gobierno que haga funcionar las leyes de manera objetiva para que se cumpla la petición de la Fiscalía de El Salvador.

La Fiscalía de El Salvador acusa de supuestos actos de corrupción a Funes y su familia, mediante los cuales se quedaron con fondos del Estado valorados en 351 millones de dólares.

Funes a través de su cuenta en Twitter expresó que el gobierno de Nicaragua tiene la última palabra en entregarlo a las autoridades judiciales salvadoreñas.