Foto Cortesía.

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Diálogo a pocas horas de iniciar y todavía sin mediadores

El Cardenal Leopoldo Brenes, el nuncio Apostólico del Vaticano Waldemar Stanislaw y el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez regresan a esta reanudación de negociación como testigos.


A un paso de reanudar las conversaciones, diversos sectores vuelven a elevar sus voces y plantean demandas urgentes que deben ser resueltas en la mesa, el gran reto coinciden estos sectores es que el gobierno acceda a cumplir estas demandas.

“Expresamos nuestra confianza en que este proceso, necesario para resolver la crisis nacional, logre la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y la realización de las elecciones libres y adelantadas que nos permitan por primera vez en una década elegir a gobernantes legítimos”, señaló en un comunicado el partido Ciudadanos por la Libertad.

El Cardenal Leopoldo Brenes, el Nuncio Apostólico del Vaticano Waldemar Stanislaw y el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez regresan a esta reanudación de las conversaciones como testigos, y no como mediadores después que el presidente Ortega rechazara que la Conferencia Episcopal retomara ese rol.

A criterio del analista político Fanor Avendaño, para que el Diálogo Nacional sea efectivo y creíble se deben garantizar elementos básicos como la liberación de todos los presos políticos.

"Pasa por determinar qué proceso de justicia va haber para a su vez, crear las condiciones de una reparación integral (a las víctimas). Pasa por garantizar los derechos civiles del pueblo de Nicaragua y un tercero y no menos importante punto es estabilizar la economía del país, porque los sectores más vulnerables, los sectores más excluidos son los que están sufriendo el impacto económico con mayor crudeza”, destacó Avendaño.

Hasta el momento no ha dado a conocer quien desempeñará el papel de mediador en el Diálogo Nacional ni quiénes serán los representantes del gobierno en la mesa, la Alianza Cívica ha propuesto a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organizacion de Naciones Unidas (ONU) como garantes del proceso.

“Creo que la mediación va a tener que venir de actores internacionales conjugados con actores nacionales. Yo como ciudadano opinaría que la mejor mediación podría venir de la academia junto con apoyo y soportes internacionales y los garantes tienen que ser organismos con credibilidad como por ejemplo la OEA, la Unión Europea y puede ser también la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Nacionales Unidas podrían dar una gran aporte para ser garantes de esta negociación que se avecina en Nicaragua”, sugirió Avendaño.

El analista recomienda que las negociaciones se desarrollen en un tiempo corto porque la grave situación del país lo amerita.

Además, advirtió que si el mandatario Ortega decide no acceder a la demanda de los presos políticos, sencillamente se puede decir que “no hubo diálogo”.

FIDH llama "crear condiciones necesarias para un diálogo efectivo"

Por su parte, Dimitris Christopoulos, presidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (Fidh) cuya sede está en París, Francia, dirigió una carta al presidente Ortega y a la embajadora de Nicaragua en Francia Ruth Tapia en la que llaman al Estado de Nicaragua a "crear las condiciones necesarias para un efectivo inicio del diálogo programado para el día de mañana 27 de febrero, que dé cumplimiento a sus obligaciones internacionales y como consecuencia libere a los presos políticos".

En la misiva, la Fidh también hace hincapié en la necesidad de que se restituya la personalidad jurídica a las ONGS " y se otorguen garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, protesta social y el derecho a defender los derechos de los nicaragüenses".

La Fidh considera alarmante las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua que han constató y documentado diversos organismos internacionales así como la agudización de "la persecución para acallar a las voces que hacen frente y que denuncian los excesos del gobierno, en particular, los medios de comunicación y las ONGS".

A esta federación también le preocupa la falta de independencia del poder judicial que "ha impusaldo proceso por terrorismo contra defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos o cualquier persona vinculada a la protesta cívica vulnerando sus derechos básicos al debido proceso".

En su carta, la Fidh critica al poder judicial por la aplicación de la ley contra los presos políticos de forma retroactiva, cuyas penas o sentencias las valora como "desproporcionadas", como la que se le adjudicó al líder campesino Medardo Mairena quien fue sentenciado a 216 años de prisión el pasado 18 de febrero.