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Abogados y Notarios Públicos son afectados por la reforma a la Ley N° 977
Reforma obliga a los Abogados y Notarios Públicos reportar operaciones sospechosas de sus clientes, sin embargo ya está generando efectos negativos en el gremio, expresan algunos abogados.
La reforma a los artículos de la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Ley N° 977 deja a 30 mil Abogados y Notarios Públicos en la posibilidad de violar el sigilo profesional si ven en sus clientes operaciones o actividades sospechosas en el momento que el cliente requiera de sus servicios.
Esta medida deja sin posibilidad que los abogados mantengamos vigente el sigilo profesional que nos ampara la Ley, porque nosotros como profesionales debemos ser fieles a nuestros clientes, de lo contrario verían a la profesión como una amenaza, y es todo lo contrario, porque nosotros ayudamos a resolver casos que podría llegar a ocupar mucho tiempo, expresó José Domingo Diogo, abogado y constitucionalista.
Por su parte, Jimmy Blandón, Jefe de Bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) aseguró que la reforma es contraproducente al considerar que los Abogados y Notarios Públicos no tienen ningún conocimiento para detectar aquellas actividades que el gobierno las considere que estén ligadas con el crimen organizado, lavado de activos y el terrorismo.
Los abogados y notarios no tenemos entrenamiento sobre técnicas de investigación, tampoco tiene información previa sobre sus clientes, tampoco el gobierno comparte a través de la UAF (Unidad de Análisis Financiero), cuando podrían ser las personas que estarían sujeto a investigación, resaltó el diputado Jimmy Blandón.
A partir de julio de este año los profesionales de derecho son regulados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
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La reforma obtuvo 82 votos a favor, la mayoría de diputados de la Bancada Sandinista que defendieron la iniciativa, indicaron que el gobierno realizó los cambios debido a las normas internacionales para el combate del crimen organizado.
