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Banco Mundial pre aprobó US$57 millones al gobierno para "para reducir emisiones de carbono"
Fundación del Río fue el primero en cuestionar este millonario desembolso del Banco Mundial y a través de una carta le solicitó a la entidad financiera suspender los fondos para el programa.
La semana pasada el Banco Mundial (BM) a través del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) que administra, pre aprobó US$57 millones de dólares para financiar el Programa de Emisiones de la Costa Caribe de Nicaragua propuesto por el gobierno, lo que ha generado críticas entre organizaciones ambientalistas.
De acuerdo al gobierno de Nicaragua, los US$57 millones de dólares serán utilizados para reducir las emisiones de carbono en el país a través de acciones de transformación para energía renovable y protección en las reservas de bosques de Bosawás e Indio Maíz.
Para organizaciones ambientalistas, esta propuesta está fuera de contexto pues se diseñó en el marco del modelo del diálogo y consenso entre el gobierno y el sector privado que “ya no existe” a raíz del conflicto político que inició en 2018, según coinciden Fundación del Río y el Centro Humboldt.
“Lo inviabiliza, (al programa) es decir, la contribución nacional determinada y el andamiaje institucional que apoya esa contribución nacional determinada simplemente se ha roto, empezando por el tema del respeto a la propiedad privada, a las libertades individuales y la generación de confianza”, afirmó Alejandro Alemán, Oficial de Cambio Climático del Centro Humboldt.
Fundación del Río fue el primero en cuestionar este millonario desembolso del BM y a través de una carta le solicitó a la entidad financiera suspender los fondos para el programa.
Esta organización considera que el gobierno de Nicaragua está inhabilitado para cumplir con los estándares ambientales y sociales que demanda la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el mismo Banco Mundial.
La fundación le recordó al BM que “a la fecha, los derechos humanos básicos de todos los ciudadanos se encuentran suspendidos, grupos armados progubernamentales continúan actuando bajo protección y beneplácito de los poderes del Estado de Nicaragua, estableciendo un estado de excepción de facto”.
Asimismo, Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, señala que “evidencias ocurridas como el incendio de Indio Maíz demuestran que hay poca voluntad y que ha habido negligencia del gobierno de Nicaragua para enfrentar la situación ambiental del país”.
En respuesta, el BM emitió una resolución en la que establece que para la viabilidad del desembolso de los fondos los individuos e instituciones de gobierno vinculados al programa no deben estar en la lista de sancionados por violaciones de derechos humanos.
No obstante, esta cláusula puede ser fácilmente superada con los nuevos nombramientos que ha hecho el gobierno en sus instituciones, denuncian los organismos ambientalistas.
