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Michelle Bachelet habla sobre situación de derechos humanos en Nicaragua
La Alta Comisionada pidió la libertad para los encarcelados políticos, tras denunciar que entre otros abusos que sufren está la restricción de visitas de familiares.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, afirmó este jueves 16 de junio en una actualización oral, que en estos últimos tres meses la situación de derechos humanos en Nicaragua se ha seguido deteriorando.
Bachelet mencionó que el Gobierno está acentuando "todavía más la represión de la sociedad civil, que empezó con fuerza en 2018".
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas que dirige Bachelet ha recogido en los últimos meses nuevas informaciones que indica que las detenciones arbitrarias continúan, así como el encarcelamiento de personas percibidas como opositoras y el cese forzado de la actividad de ONG.
"Hay 173 detenidos en relación con las protestas cívicas de 2018 y medio centenar en el contexto de las elecciones del año pasado, quienes afrontan condiciones de detención contrarias a las reglas mínimas de Naciones Unidas", manifestó.
Para todos ellos Bachelet pidió la libertad, tras denunciar que entre otros abusos que sufren está la restricción de visitas de familiares, a los que solo se permitió ir a verlos cuatro veces este año, aunque esto excluía a los hijos menores de edad.
Por otra parte, el informe indica que la Asamblea Nacional ha cancelado la personalidad jurídica de 388 organizaciones este año, lo que arroja un total de 454 desde noviembre de 2018, a lo que se suman medidas similares contra doce universidades, que han quedado bajo control estatal.
Tras estas denuncias, Bachelet instó al Gobierno de Nicaragua cesar "las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional".
Consideró que otorgar acceso al país al personal de su organismo sería visto como un gesto muy positivo.
La fiscal general de Nicaragua, Wendy Morales, respondió a la presentación de Bachelet diciendo que ésta exponía hechos "alejados de nuestra realidad" y que se trataba de "una agresión unilateral contra nuestro pueblo y su gobierno legítimamente constituido", a pesar de las denuncias de la ONU y organismos internacionales sobre la falta de transparencia de las elecciones.
