“Lo que ha existido es la intensión de robarnos nuestras tierras”, denuncian líderes campesinos

Como una amenaza directa al Movimiento Campesino Anti Canal, así fueron tomadas las declaraciones que brindó el martes el presidente Daniel Ortega durante el 39 aniversario de la Fuerza Naval, al manifestar su interés de desempolvar el proyecto del Canal Interoceánico en Nicaragua.

“Lo que sí ha existido es la intención de robarnos nuestras tierras”, expresó Medardo Mairena, excarcelado político e integrante del Movimiento Campesino.

El mandatario Ortega expresó su deseo de revivir el proyecto canalero a pesar que la concesión de este mega proyecto venció en junio de este año. Sus declaraciones, además, han sido calificadas por el Movimiento Campesino como una acción disparatada para tratar de ganarse la confianza de su militancia.

“No pudo conseguir los recursos en seis años mucho menos ahora en el contexto político que estamos viviendo. Esto es una alerta obviamente para sus militantes que saben que está derrotado y que no tiene ya vida política”, concluyó Mairena.

Desde el exilio, Francisca Ramírez, líder campesina, manifestó que como Movimiento Campesino Anti Canal están claros que es un acto de desesperación del gobierno.

"Quieren desviar la atención de todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido en Nicaragua y que quiere mantener a sus bases siempre encima de la mentira”, coincidió Ramírez quien es parte del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra Lago y Soberanía, que encabezó un centenar de marchas para demandar la derogación de la Ley 840, Ley creadora del proyecto del Canal Interoceánico en Nicaragua.

A pesar que el 14 de junio de este año venció el plazo que estableció esta Ley para ejecutar el proyecto, el Movimiento Campesino Anti Canal y organismos de derechos humanos como la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) no descartan que el gobierno manipule nuevamente la legislación para "reactivar" la mega obra y seguir despojando a los campesinos de sus tierras.

Algunos analistas consideran remota la posibilidad que el gobierno pueda obtener financiamiento externo para llevar a cabo esta construcción por las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto a varios funcionarios de gobierno y por la posible aplicación de la Nica Act.