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Los indígenas además exigen la funcionalidad plena de la Ley 445 / Cortesía / La Prensa

Los indígenas además exigen la funcionalidad plena de la Ley 445 / Cortesía / La Prensa

Indígenas exiliados piden al Gobierno de Nicaragua el respeto de sus derechos

ACCE emite este llamado, en el marco del 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.


La Alianza Costa Caribe en el Exilio (ACCE), emitió un pronunciamiento en el que exige al Gobierno de Nicaragua el cese a la invasión de tierras, el asesinato de indígenas y respeto a Ley Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua.

“Nuestros hermanos indígenas denuncian la constante invasión de colonos dirigidos directamente por autoridades del actual Gobierno. Son constantemente sujetos de robos en sus propiedades (abigeato) y aún con denuncias y pruebas en mano no hay seguimiento, ni respuesta alguna de las entidades correspondientes”, denuncia ACCE.

La Ley 28, fue aprobada el 29 de julio de 2016 y publicada en La Gaceta, diario oficial, el 18 de agosto de 2016.

ACCE está conformado por hombres, mujeres, profesionales, mestizos, indígenas y afrodescendientes, originarios de la Costa Caribe de Nicaragua y actualmente radicados en Costa Rica, a causa de las amenazas que recibieron en el contexto que vive el país desde abril de 2018.

En el pronunciamiento, ACCE denuncia que en lo que va de 2019, registran siete asesinatos de indígenas, el último caso documentado ocurrió en septiembre.

ACCE emite este llamado, en el marco del 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los indígenas además exigen la funcionalidad plena de la Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y las comunidades étnicas de Río Coco, Bocay e Indio Maíz.

También solicitan el efectivo funcionamiento y ejecución de la Ley de Autonomía que sustenta la libre conformación y organización de los territorios indígenas y afrodescendientes, para su desarrollo socio-político y la inmediata atención para la debida resolución, asistencia legal y humanitaria que permitan garantizar los derechos fundamentales de estos pueblos.