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Publican estudio sobre el impacto de la minería en Nicaragua / Archivo

Publican estudio sobre el impacto de la minería en Nicaragua / Archivo

Estudio del Centro Humboldt expone daños ambientales provocados por la minería en Nicaragua

El estudio reveló que esta actividad posee un marco regulatorio "inadecuado e ineficiente"


El débil marco legal de Nicaragua continúa estimulado la expansión de la minería industrial y la pequeña minería metálica, en completa irregularidad, lo que generan un grave impacto socioambiental, económico y en la salud de las comunidades donde se desarrollo esta actividad, advierten expertos del Centro Humboldt.

Un Estudio Nacional sobre la Valoración de la Actividad Minera en Nicaragua, realizado del 2016 al 2019, señala que "las afectaciones ambientales, socioeconómicas y de derechos humanos que provoca la exploración y explotación minera, son cada vez más graves y están cada vez más asociados al debilitamiento de los estándares ambientales y legislativos: esto se debe principalmente a que esta actividad posee un marco regulatorio inadecuado e ineficiente".

Marjorie Martínez, asesora legal del Centro Humboltd, explicó que con la aprobación de la Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) en 2017 y del Decreto 20-2017, referente al Sistema de Evaluación Ambiental, cambió el Decreto 76-2006, dónde que sustentaba al Sistema de Evaluación Ambiental con más rigurosidad.

De acuerdo a Martínez, el nuevo Decreto vino a "facilitar más los procesos", para las concesiones ya que se acortó el periodo o términos para la realización de evaluaciones de impacto ambiental.

Por ejemplo para las concesiones mineras "el ministerio correspondiente tenía un periodo de 120 días hábiles para evaluar y actualmente tienen 45 días", aseguró la asesora legal.

El estudio del Centro Humboldt también encontró serios impactos ambientales que ha generado la actividad minera metálica en zonas como la Cuenca del Río San Juan, donde se han identificado cinco puntos de explotación ilegal principalmente en los municipios de San Carlos y El Castillo.

"Se comprobó que el principal impacto ambiental de la minería metálica está dirigido a las fuentes de agua, en algunos casos de consumo humano, como sucede en la experiencia de El Túnel Azul en Santo Domingo Chontales. En este recurso hídrico se encontraron metales pesados que sobrepasan los estándares mínimos", señala el informe.

El documento también señala que la falta de transparencia y de acceso a la información pública hasta ahora no han permitido conocer la totalidad del aporte que genera este sector al Producto Interno Bruto del país (PIB).

Además pone en evidencia que persisten los actos de intimidación y criminalización hacia ciudadanos que están en contra de la actividad minera en sus comunidades.