Informe de Oacnudh expone la persistencia de violaciones de derechos humanos en Nicaragua

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Oacnudh) emitió su informe bimestral sobre la crisis de Nicaragua, donde destaca la persistencia del hostigamiento contra los opositores, las detenciones arbitrarias y la falta de libertad y derecho a la manifestación pacífica.

"Oacnudh siguió recibiendo informes de detenciones arbitrarias, vigilancia y, en algunos casos, acoso de personas consideradas opositoras al Gobierno, incluidos periodistas, familiares de personas fallecidas en el contexto de las protestas y exdetenidos", expresa el comunicado de organismo de la Organización de las Naciones Unidas.


El organismo liderado por Michelle Bachelet además solicitó al Gobierno de Daniel Ortega, liberar a todos los presos políticos.

"Oacnudh insta a la liberación de todas las personas que puedan estar detenidas arbitrariamente y a que se asegure el respeto de sus salvaguardias legales fundamentales y reitera que el Gobierno debe poner fin a la persistente represión de la disidencia y al actual patrón de detenciones arbitrarias y abstenerse de criminalizar y atacar a los defensores de los derechos humanos, a los opositores políticos y a cualquier otra voz discrepante", enfatiza el informe.

El organismo internacional además condenó los ataques contra la Iglesia católica por parte de simpatizantes del Gobierno nicaragüense.

"De conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, toda apología del odio nacional, racial o religioso estará prohibida. Es particularmente importante que las autoridades se abstengan de utilizar expresiones incendiarias, ya que pueden incitar a integrantes de la población a utilizar un lenguaje discriminatorio, hostil o violento y/o a actuar con violencia", expone el comunicado.

En reiteradas ocasiones Oacnudh ha llamado a las autoridades nicaragüenses a retomar las negociaciones del diálogo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, así como garantizar el respeto de las garantías constitucionales.