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Foto Lorenzo Vega.

Foto Lorenzo Vega.

Proceso judicial contra 16 activistas excarcelados por llevar agua continuará el 30 de enero


La autoproclamada “Banda de los Aguadores”, conformada por 16 activistas opositores quienes fueron encarcelados por llevar agua a madres que realizaban una huelga de hambre, denunciaron que pese a que los excarcelaron mediante el régimen de convivencia familiar, este 30 de enero serán llevados a la continuación del juicio en su contra.

“Igual que todos los nicaragüenses nosotros nos encontramos en un limbo jurídico, no existe voluntad del Gobierno de realmente respetar el debido proceso, no solamente con nosotros, sino que hay otras personas del grupo de los 91 excarcelados que sus procesos no han sido cancelados”, explicó Olga Valle, excarcelada.

Amaya Coopens afirmó que ninguna persona en Nicaragua está libre, mientras no exista una erradicación de la persecución política y en cada excarcelación exista el acápite de que si protestan volverán a ser encerrados.

“Durante toda esta crisis, hemos visto que si uno habla demasiado alto y alza su voz, por lo que está sucediendo, todo este sistema jurídico y policial son capaces de inventar lo que sea para tenerte encerrado”, dijo Coopens.

Los 16 excarcelados políticos denunciaron que las autoridades policiales les devolvieron su vehículos en mal estado y algunas pertenencias no se las entregaron por lo que lamentan esta situación sea repetitiva con todos los que pasaron por las cárceles del país.

“Hay algunos deterioros mecánicos y físicos en los vehículos, parece que al momento de realizar requisas, hicieron algunos deterioro adrede y son visibles, desbarataron los tableros y hay algunos bienes que no han sido devueltos, como mochilas, cargadores, teléfonos, entre otros”, manifestó Hansell Quintero, excarcelado.

En las cárceles del país permanecen 65 presos políticos, entre ellos Norlan Cárdenas, a quien se le acusa del asesinato de José Isaías Ugarte, alias “Chabelo”, el que aseguran era amigo de más de 50 años de su padre y el darle albergue por la persecución política fue el delito de la familia.

“Lo logramos ver después del 30 de noviembre que se lo trajeron, hasta el día 10 de diciembre que cumplió sus 32 años en El Chipote y su audiencia inicial fue el día 7 de diciembre y en ningún momento se me notificó”, expresó Ruth Martinez Ortiz, hermana del detenido.

Los opositores apuntaron que siguen creyendo en que la solución a la crisis sociopolítica del país debe ser cívica y no violenta, por la negociación política y sustentada en reformas electorales que garantice credibilidad en el proceso.