Alcaldesa y secretaria del Concejo Municipal de Managua se adjudican entrega de terrenos en cementerios

Concejales del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), introdujeron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra de la Alcaldesa de Managua, Reyna Rueda y la Secretaria del Concejo Municipal, Jennifer Porras, por haber emitido una nueva normativa administrativa de los cementerios.

Esta normativa dolariza los precios de los lotes en los cementerios y contempla la exhumación de cuerpos, cuyos familiares no continúen pagando los impuestos del terreno donde fueron sepultados.

“Esto se vuelve ilegal porque la Ley Monetaria de Nicaragua habla de que la moneda nacional con la que se tiene que pagar los tributo es el córdoba, por ello es un acto ilegal dolarizar la tasa de pagos de los cementerios”, dijo Selin Figueroa, concejal de CxL.

La ordenanza municipal además otorga el poder a las dos funcionarias de la Alcaldía de Managua (alcaldesa y secretaria), para donar terrenos en los cementerios públicos a quienes lo deseen, lo que concejales de oposición ven como un nuevo plan de proselitismo político ante la pandemia del Covid-19, que podría dejar más pérdidas humanas.

“De manera discrecional se atribuyen el derecho de los concejales a elegir a quienes se les va a entregar esos terrenos como donación o en el peor de los casos donárselos ellos mismos, cuando mediante la Ley lo hacían los concejales en sesiones”, manifestó Figueroa.

La Alcaldesa de Managua adjudicó la revisión del documento a la Comisión de Asuntos Sociales, donde solo hay concejales afines a su partido político.

José Antonio López, miembro del grupo de abogados “Defensores del Pueblo”, explicó que la Ley 40, Ley de municipios de Nicaragua, señala que quienes debían analizar esta normativa eran los miembros de la Comisión de Finanzas e infraestructura.
“Por ende vemos que esta ley nació muerta, porque no la analizó en tiempo y forma la comisión a la que le correspondía”, expresó López.

Según el abogado, la ordenanza municipal incluso viola el artículo 5, de la Ley de Identificación Ciudadana, la cual señala que las personas que firman la normativa tienen que identificarse con su número de cédula.

“La señora Rueda y Porras al firmar esta ordenanza municipal no se identificaron, porque no pusieron su número de cedula, por lo tanto este documento no tiene ninguna validez”, finalizó López.

La normativa entrará en vigencia en cuanto sea publicada en la Gaceta Diario Oficial, pero ahora se debe esperar el pronunciamiento de la CSJ sobre este recurso de amparo.