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Foto Cortesía.

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Continúa represión contra campesinos en Nicaragua: 8 asesinados en lo que va del año

Entre 2008 y 2017 fueron asesinados en Nicaragua 25 líderes campesinos opositores.


En 2019, la represión gubernamental en Nicaragua dejó al menos 71 campesinos asesinados y en lo que va de este año 8 víctimas más se han agregado a la lista, según el monitoreo del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Wendy Flores, coordinadora de este colectivo, recordó que antes del estallido social de abril 2018, un Informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) da cuenta que entre 2008 y 2017 fueron asesinados en Nicaragua 25 líderes campesinos opositores.

En 14 de estas ejecuciones, las autoridades justificaron estos asesinatos como resultados de enfrentamientos u operaciones realizadas por el ejército o la policía y en al menos la mitad de estos casos fueron fuerzas combinadas las que intervinieron para realizar estos operativos, según Flores.

Las víctimas fueron calificadas por las autoridades como personas altamente peligrosas o que estaban vinculadas al abigeato y al narcotráfico, aseguró la defensora de derechos humanos.

“Esto hacía crear una imagen de que quienes eran asesinados eran delincuentes y bajo esa categoría o descalificación no se hacía ninguna investigación ni ningún cuestionamiento a los operativos realizados por la policía o el ejército en el campo”, agregó.

Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional, señaló que el tema principal en la situación de represión que afecta al campesinado en Nicaragua y en otros países es la falla estructural del Estado, que solo ha beneficiado al poder económico en menoscabo de las grandes mayorías, siendo las personas rurales las más afectadas.

Guevara afirmó que en Nicaragua los campesinos que se han opuesto al fallido proyecto del canal interoceánico y aquellos que se declaran opositores al gobierno han sido “objetivo específico de la represión y la violencia con persecuciones masivas”.

Lamentó que, debido a esta situación, muchos campesinos se encuentren en el exilio mientras persisten las ejecuciones de líderes indígenas.

Thelma Montenegro, miembro de la familia opositora Montenegro-Centeno de Wiwilí Jinotega, continúa exigiendo con su familia justicia por los asesinatos de su esposo Francisco Blandón y dos de sus hermanos, Oliver Montenegro, Edgar Montenegro y el hijo adoptivo de este último,Yalmar Zeledón, ocurridos en 2019.

El esposo de Thelma, Francisco, perteneció al Ejército de Nicaragua; con el estallido de la crisis sociopolítica en abril 2018 lo llegaron a buscar para que se integrara al operativo armado para desmontar los tranques denominado “Plan Limpieza”, pero se negó a participar.

“Él se rehusó a formar parte de los grupos paramilitares porque al mismo tiempo le estaban encomendando integrarse para el exterminio de mis hermanos y él se negó, mi esposo fue asesinado”, relató.

Montenegro asegura que tras el asesinato de su esposo y sus hermanos, no ha cesado la persecución y represión contra su familia, lo que ha obligado a varios de ellos a huir o vivir en la clandestinidad.

Hace menos de un mes, su sobrino Oliver Montenegro Muñoz, hijo de uno de sus hermanos asesinados, fue apresado y asegura se le está acusando de un delito que no cometió.

“Nosotros lo empezamos a denunciar y actualmente estamos recibiendo mensajes por parte de la policía, del ejército; recibimos amenazas donde se nos dice que si nosotros paramos de hablar ellos van a soltar a mi sobrino”, afirmó Montenegro.

“Eso obviamente nos está generando más terror, nos da más miedo porque nosotros sabemos que tenemos que decir la verdad, en decir que se nos han asesinado cruelmente a 4 miembros de nuestra familia por no comulgar con los ideales de esta pareja (presidencial) que dice gobernar nuestro país”, añadió.

Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino y excarcelado político, lamentó que en Nicaragua el delito de los hombres y mujeres del campo sea manifestarse cívicamente contra el gobierno y exigir el respeto a sus derechos.

Siete campesinos de la Isla de Ometepe actualmente están siendo enjuiciados por haber colocado banderas el pasado 19 de abril, en conmemoración al segundo aniversario de la rebelión cívica.