Imagen referencial / Cortesía

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Asamblea Nacional aprueba reforma que dolariza los servicios migratorios

La reforma fue solicitada por el presidente de Nicaragua


Con 69 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó este martes, la iniciativa de Reforma y Adiciones a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, para fijar un cobro en dólares a las tasas por servicios migratorios.

Los artículos reformados a la Ley, fueron el 121 que tiene que ver con las tasas por servicios migratorios y multas a personas nacionales, el 122 referente a las tasas por servicios migratorios y multas a personas extranjeras, y 123 vinculado a las tasas por servicios migratorios a personas nacionales y extranjeras.

El pago de estas tasas y multas será conforme al cambio oficial del córdoba frente al dólar fijado por el Banco Central de Nicaragua (BCN), sin embargo, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez aseguró que dicha reforma no afectará el bolsillo de los nicaragüenses.

“Esta reforma no viene a incrementarle a los nicaragüenses en un solo centavo las tasas por servicios migratorios. Esta ley viene a garantizar de que el cobro por los servicios migratorios no se devalúe en el tiempo”, sostuvo.

Gutiérrez agregó que esta reforma está dirigida a la actualización de las tasas por servicios migratorios a los extranjeros y que estas “siguen siendo muy por debajo de lo que se cobra en el resto de Centroamérica”, y responde a lo establecido en los artículos 34, 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Banco Central, que se refieren a operaciones de cambio y reservas internacionales.

Diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quienes se opusieron a la aprobación de esta reforma por considerarla una iniciativa que no fue consultada con la ciudadanía, de carácter recaudatorio desmedido, y que tendrá un impacto negativo en la inversión extranjera directa y la atracción del turismo.

Al respecto, la diputada opositora Azucena Castillo, manifestó que la decisión por parte del Gobierno de reformar la ley fue tomada a ciegas, sin tomar en cuenta las cifras de la realidad económica del país y que hasta la fecha se mantienen ocultas por el Banco Central.

De acuerdo a Castillo, la reforma “viene a afectar quizás el atractivo que Nicaragua pudo alcanzar cuando se anunciaba como el país más seguro y de brazos abiertos”.

Castillo agregó que la misma, “está afectando una ley de turismo amigable que ha venido siendo mutilada con políticas económicas que afecta a quienes buscaron residencia como rentistas o inversionistas que pudieron refugiarse como pensionados, decentes en un país con calor humano tranquilo y seguro con incentivos para que los ingresos les fueran más rentables”.

Maximino Rodríguez, diputado del PLC, señaló que “si el poder ejecutivo, el presidente de los pobres quiere cobrar en dólares, entonces yo estoy seguro que la clase trabajadora de este país le encantaría también que se le pague en dólares, porque el poder adquisitivo de la moneda (el córdoba) cada día pierde valor”.

Según la fundamentación planteada en el documento de dicha iniciativa, la reforma está dirigida a fortalecer “la calidad, agilidad y acercamiento de los servicios a la población nacional y de otras nacionalidades, se podrá mantener la modernización constante de la infraestructura a nivel nacional, la actualización de los sistemas informáticos para controles migratorios que garanticen la seguridad soberana de la nación”.

No obstante, los diputados opositores coincidieron en que esta reforma sólo tiene el interés recaudatorio pues aseguraron que en casi 14 años del Gobierno sandinista, apenas son 6 los puestos de migración que sumó a los 19 que ya existían en 2007 cuando tomó el poder.

En relación a esto, el diputado sandinista Walmaro Gutiérrez, aseguró que del 2016 y 2020 el Gobierno ha invertido en infraestructura y capacidad instalada para el Ministerio de Migración y Extranjería un monto no menos de 2,175. 5 millones de córdobas.

En este sentido, expresó que la reforma también responde a “obtener recursos adicionales a los presupuestarios para que el sistema Dirección General de Migración y Extranjería mantenga sus estándares de calidad y servicio”.