Foto Cortesía

Foto Cortesía

Cadena perpetua debería consultarse en un referéndum, sugiere abogado de la CPDH

Según el abogado la recolección de firmas no es suficiente


Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), considera que la recolección de firmas que está realizando el Gobierno de Nicaragua para aprobar la cadena perpetua es insuficiente.

De acuerdo con Cuevas, lo que el Gobierno debería de hacer para consultar a la población sobre la aprobación de esta pena, es efectuar un referéndum, el cual permitiría conocer el respaldo o rechazo de la medida de una forma más amplia y no solo en un sector específico.

“Las firmas sabemos que el Gobierno siempre las hace desde un punto de vista partidario, porque lo hacen de manera selectiva a familias donde le han proveído alimentos, láminas de zinc y otros beneficios, entonces lógicamente todo ciudadano que recibió ayuda se siente comprometido, de lo contrario pasan a lista negra, entonces lógicamente no es un ejercicio democrático”, afirmó Cuevas.

El Gobierno de Nicaragua anunció la semana pasada la intención de reformar las leyes del país para incluir la cadena perpetua para "crímenes de odio", sin embargo, no especificó qué tipos de delitos podrían tipificarse en esta categoría.

Para poder incluirse la cadena perpetua, tendría que reformarse la Constitución Política de Nicaragua, la cual establece que la pena máxima en el país es de 30 años.

Según Álvaro Leiva, secretario general de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), a los trabajadores públicos también se les solicitará firmar la carta de respaldo a la cadena perpetua.

“Según la Ley 476 (Ley del Servicio Civil y Carrera administrativa), los servidores públicos están para servirle a la población con recursos del Estado, en función del servicio de los contribuyentes, ya politiquería y estar ejercitando acciones partidarias no es el propósito del servidor público, pues está sujeto a la Constitución y a las leyes, pero ahora siempre utilizan su artimaña, tratando de chantajear y amenazar la estabilidad laboral”, mencionó Leiva.