Gobierno de Nicaragua gastó 130 millones de córdobas en compra de vehículos en 2018, según informe de Transparencia Nicaragua

En un millonario gasto que suma cerca de 130 millones de córdobas o más de 4 millones de dólares incurrió el Gobierno de Nicaragua en 2018 para la compra de un total 112 camionetas en su mayoría full extra, doble cabina, doble tracción, del año 2018 y 2019 y algunas con accesorios de lujo. En ese año el Gobierno también adquirió 22 vehículos Sedan, 102 motocicletas y 2 microbuses.

La mayor parte de la compra de estos vehículos ocurrió entre mayo y octubre de 2018, en plena represión gubernamental por el contexto de la crisis sociopolítica que estalló contra el actual en abril 2018.

Estos datos los recoge un informe que elaboró el Observatorio Ciudadano de Transparencia Nicaragua sobre compras de camionetas y otros vehículos que han realizado instituciones públicas del país en base en datos reales y que son públicos en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónico (Siscae) a través de su portal www.nicaraguacompra.gob.ni a cargo de la Dirección General de Contrataciones del Estado, dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

“Desde luego una de las grandes preguntas que hacemos es si estos u otros vehículos propiedad del Estado, patrimonio del Estado, no fueron a parar a manos de paramilitares u otras fuerzas de choque que reprimieron al pueblo nicaragüense”, manifestó Dayra Valle, directora ejecutiva de Transparencia Nicaragua.

El presupuesto de 130 millones de córdobas para la compra de esta flota de vehículos en 2018 superó el ejecutado para el mismo fin en 2019, según Valle.

El informe de Transparencia Nicaragua detalla que dichas adquisiciones se realizaron a través de 16 instituciones del Estado como el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua (Marena) el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa de Nicaragua (Mefca), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Dirección General de Ingresos, entre otras.

Estos vehículos fueron pagados en su mayoría con fondos públicos pero también con recursos externos del Banco Mundial, el Fondo Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la cooperación Suiza a través de Cosude, entre otros.

Valle señaló que le corresponde en este caso a la Contraloría General de la República exigir una rendición de cuentas al Gobierno sobre dichas adquisiciones.

“Desde luego que necesitamos un sistema de rendición de cuentas que nos permita saber en qué fueron utilizados estos vehículos, si realmente están en las instituciones que se dijeron o las que las compraron y realmente comprobar que estos bienes y patrimonios del Estado no fueron utilizados para la represión porque lamentablemente sabemos que muchos de estos bienes si lo fueron (…) Hacemos un llamado de atención acerca del rol de la Contraloría General de la República que es el ente fiscalizador para la compra de estos recursos y para esta compra de camionetas”, expresó.

La ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, establece en la resoluciones de inicio de licitaciones para la compra de bienes, que las instituciones públicas deben fundamentar para qué se requiere el bien o servicio a adquirir, pero según Valle “lamentablemente estas resoluciones en la práctica son muy escuetas y simplemente se dice que se inició el procedimiento y en muchos de los casos no fundamentan el objetivo”.

Por otro lado, el informe señala que en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de 2018 de la Policía Nacional, “se encuentran planificadas varias adquisiciones de compra de medios de transporte. No obstante, no aparecen publicados en el Siscae como ejecutados en los procedimientos de compras que realizó esta institución que en total publicó 88”.