Organizaciones de mujeres en riesgo de cerrar por iniciativa de Ley de Regulación del Agente Exterior

Cientos de mujeres podrían quedar indefensas


Como un golpe bajo han recibido las organizaciones de mujeres la iniciativa de ley de Regulación del Agente Exterior, que pretende imponer el actual Gobierno, pues aseguran que de aprobarse cientos de organizaciones que velan por la defensa de los derechos de la féminas y que luchan contra la violencia de género en el país corren el riesgo de cerrar.

Maricé Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (Rmclv), asegura que esta ley dejaría en total indefensión a miles de mujeres que sufren violencia en el país y a las organizaciones que defienden sus derechos.

“Si se llega a concretar este anteproyecto de ley, definitivamente van a obligar muchas organizaciones a cerrar, a dejar su trabajo arduo en los territorios, en las comunidades porque van a estar en completa indefensión y pueden ser encarceladas y judicializadas”, afirmó.

De acuerdo con Mejía, esta ley no solo pone en riesgo el funcionamiento de las organizaciones civiles, sino que también viola sus derechos constitucionales como el mantener privacidad de sus datos, la relación que tienen con donantes a nivel internacional y les vulnera el derecho al trabajo y a la libertad de asociación.

Mejía concluye además, que esta ley sólo es parte de una persecución y criminalización sistemática que el actual Gobierno recrudeció contra las organizaciones de la sociedad civil desde el estallido de la crisis sociopolítica de abril 2018.

“Quieren hacernos ver como ciudadanos que ponemos en inseguridad al país. Definitivamente el espionaje estatal en materia financiera se ha venido dando no sólo con esta ley sino con otras leyes como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) donde hay un control ridículo y exacerbado a las organizaciones de mujeres y a toda la sociedad civil”, manifestó Mejía.

La ley le permitiría al Ministerio de Gobernación, vigilancia absoluta de los fondos que reciben los organismos no gubernamentales y de la sociedad civil de cooperantes en los extranjeros. También privará de la participación política de aquellas personas naturales o jurídicas que ejecuten proyectos o realicen actividades con financiamiento extranjero obligándolas a registrase a través de dicha ley ante el Ministerio de Gobernación.

“Eso es desde que te quitan una personería jurídica, hasta te puede inventar este Gobierno cualquier delito cometido, corrupción, lavado de dinero, esa es la búsqueda de esta gente porque nosotros no somos empleados del Gobierno, somos organizaciones no gubernamentales y nuestros fondos entran del extranjero. Esta ley le da lugar al Estado de inventar delitos”, lamentó Martha Flores, activista de la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir.