Iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos pasa a comisiones de la Asamblea Nacional

A proceso de consultas pasó este miércoles la Iniciativa de Ley Especial de Ciberbelitos que promueve el Gobierno, la cual abre la posibilidad de imponer multas y penas que van desde uno a ocho años de prisión a quienes divulguen mensajes de odio o noticias falsas en las redes sociales y medios de comunicación.

Será la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social junto con la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, los encargados de dictaminarla según informó el diputado opositor Walter Espinoza.

"Una vez más vemos las intensiones del Gobierno porque esta ley fue presentada y firmada por todos los diputados de la bancada del Frente Sandinista y esto lógicamente vemos que es parte de las persecuciones que hace el Gobierno central para tratar de ponerle un bozal a todos los nicaragüenses", expresó el parlamentario.

Desde el gremio de periodistas independientes, el anuncio de esta iniciativa de Ley es considerada como una clara intención por parte del Gobierno de imponer una mordaza al trabajo que a diario realizan los hombres y mujeres de prensa en Nicaragua.

Esto debido a que podría ser aplicada de forma discrecional y con fines políticos contra la prensa independiente, pues en su Artículo 30, la iniciativa considera como delito la "propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de comunicación".

Al respecto, Marcos Medina, periodista de Canal 12 recordó que a esta ley ya le antecedían desde abril de 2018 a múltiples amenazas y violaciones de derechos humanos contra los periodistas.

"De hecho ya preocupaba al gremio y con esta ley lo que hace de alguna manera es intimidar y limitar el libre ejercicio de la información, particularmente porque nosotros los medios publicamos investigaciones de fiscalización al poder y es por eso que causa preocupación porque de alguna manera si no es información que sale del Gobierno, te van a decir que estas inventando, que estas atentando contra la seguridad o que estas cometiendo algún tipo de alteración”, dijo Medina.

La aprobación de la iniciativa de Ley es para el periodista de Canal 10, Wilih Narváez, la cereza en el pastel en una escalada de represión y hostigamiento en contra medios independientes, que desde 2018 dejó en manos del Gobierno las instalaciones del canal 100% Noticias y las oficinas de la redacción de Confidencial, al ser confiscadas.

“Eso es lo que persiguen este tipo de leyes, recordemos que no es algo nuevo, el Gobierno ha estado tratando de implementar leyes como esta desde hace un tiempo atrás y la intención de ellos es tratar de silenciar a los medios de comunicación a través de embargos, pero también de las distintas maneras de intimidación que hacen a los periodistas”, manifestó.

Narváez enfatizó en que a pesar de la Ley, será la población quien juzgue el trabajo periodístico en los medios de comunicación y redes sociales.

“Aquí yo no he visto a ninguno de mis colegas incitando al odio. He visto por la otra acera si, (a periodistas de medios oficiales) dando incluso ubicaciones de propiedades de mucha gente en este país para que vayan a hacerles daño, y ese tipo de periodistas que están de parte del oficialismo nunca los hemos visto procesados”, cuestionó.

Ha sido en este contexto de crisis sociopolítica que también las instalaciones de Radio Darío han sido quemadas, El Nuevo Diario se vio obligado a cerrar de forma definitiva tras casi 40 años de labores por las “dificultades económicas, técnicas y logísticas”, que hicieron “insostenible su funcionamiento”.

Otro diario de circulación nacional y de gran trayectoria como La Prensa, también se enfrenta a una de sus mayores crisis económicas tras la retención del papel, tinta y otros de insumos que el Gobierno le impuso por 75 semanas consecutivas hasta febrero de este año.