Denuncian falta de interés de las autoridades por castigar a quienes comenten crueldad animal

Un desinterés por castigar a quienes cazan o cometen actos violentos contra animales en peligro de extinción es lo que existe en Nicaragua por parte de las autoridades correspondientes, tal es el caso del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), denuncian ambientalistas y defensores de los animales.

En Nicaragua existe un marco jurídico para castigar este tipo de delitos: la Ley 747, Ley para la protección y el bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados, la Ley 217, Ley general del medio ambiente y los recursos naturales y el Código Penal que es el que establece cárcel y multa para quienes comentan estos actos.

Lidice Jarquín Gutiérrez, asesora en temas de biodiversidad de la organización Jóvenes Ambientalistas, explicó que el Código Penal en su artículo 380 establece que serán sancionados con pena de uno a cuatro años de prisión y de quinientos a mil días multa quienes cacen animales que han sido declarados en peligro de extinción.

“El estado de Nicaragua está en la obligación de preservar y conservar nuestros recursos naturales y a las especies que están protegidas por estas leyes (…) esperamos que se hagan cumplir y que estos actos de crueldad hacia los animales no queden impunes”, expresó Jarquín.

Este fin de semana se dio a conocer el caso de un jaguar cachorro muerto a golpes por ciudadanos de la comunidad Tuapi, en Puerto Cabezas (Caribe Norte de Nicaragua). El caso se hizo viral en redes sociales luego que se publicaran una serie de fotografías donde se ve el cuerpo del animal y a los ciudadanos posando junto al cachorro.

“Tenemos a esta especie en la lista roja de especies amenazadas y en peligro extinción, en peligro crítico y se encuentran exclusivamente en el Caribe Norte y Sur. Así como los símbolos patrios son parte de nuestra identidad, también la fauna lo es”, dijo Jarquín.

Según una radio local de Bilwi, Nitzae Dixon, directora de la Secretaría de Recurso Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte, aseguró que se inició un proceso de investigación junto al Marena.

Eduardo Sacasa, propietario del Zoológico Nacional, afirmó que incluso la venta de animales en peligro de extinción no está siendo erradicada por las autoridades pues a vista y paciencia de todos existen vendedores de varios animales en las carreteras.

“No hay control de daño y venta de animales, vas por la carretera y te encontrás vendedores de chocoyos y loras, pero no te encontrás a una autoridad cerca multándolo o llamándole la atención”, manifestó Sacasa.