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Ambientalistas: adhesión de Nicaragua a protocolo de protección de flora y fauna del Caribe es "meramente diplomacia"

La Comisión de Asuntos Exteriores esta semana dictaminó favorablemente la Iniciativa de Decreto de Adhesión al Protocolo relativo a las áreas y a la flora y fauna silvestre de la ONU.


Nicaragua busca su adhesión al “Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestre especialmente protegidas del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe”, que no es más que un procedimiento diplomático en materia de medio ambiente con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Raomir Manzanares, activista ambiental e integrante del Club de Jóvenes Ambientalistas, aseguró que mediante la inscripción en este protocolo, el Gobierno de Nicaragua podrá gestionar proyectos multilaterales.

“Realmente lo que nos gustaría ver en la práctica es la voluntad del Gobierno conservando la biodiversidad costera-marina del Gran Caribe, nosotros estamos notando que no hay una vigilancia en la veda de langosta, no hay una vigilancia del pepino de mar, no hay una vigilancia de la comercialización de la tortuga marina, ahora hasta en Managua se vende carne de tortuga”, dijo Manzanares.

El experto afirma que el problema es que de los recursos obtenidos para proyectos multilaterales no se brindan informes finales.

Para Fabio Buitrago, ecólogo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (Fundenic), este es un instrumento vacío porque para hacer cumplir el protocolo se requieren de aspectos técnicos que no están señalados en el documento dictaminado en la Asamblea Nacional.

“Cuando hablamos del territorio marino de Nicaragua son aproximadamente unos 130,000 kilómetros cuadrados, es un área muy grande en donde se están dando diferentes actividades extractivas, que conocemos como pesca, principalmente de langosta, de caracol, aunque también se pescan algunos que otros recursos temporalmente”, expresó Buitrago.

Según Buitrago, esta adhesión tendrá sentido hasta que el Gobierno sea más beligerante con quienes cometen delitos en el territorio marino del gran Caribe.

“Se necesita definir cuál va a ser la institución que va a tener la responsabilidad de darle seguimiento a lo que pasa con estas áreas, además es muy importante saber con qué presupuesto cuenta la institución o las instituciones que se van a hacer cargo”, manifestó el experto.

Al dictamen de esta iniciativa que podría ser aprobada la próxima semana, solo fueron invitadas instituciones gubernamentales, como son el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, el Ejército de Nicaragua y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena).