Foto Cortesía

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Sergio Ramírez asegura que relación con la FVBCH siempre fue transparente y acorde a las leyes de Nicaragua

"Puedo dar fe de que nuestras relaciones con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro han sido correctas y en absoluta transparencia”, afirmó el escritor.


El escritor Sergio Ramírez, galardonado con el Premio Cervantes en 2017 y representante legal de la Fundación Luisa Mercado, se sumó a la lista de ciudadanos que han sido llamados a declarar en calidad de testigos en la investigación contra Cristiana Chamorro por el delito de supuesto lavado de dinero a través de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

La sorpresiva comparecencia de Ramírez ante la Fiscalía se dio a eso de la 1 de la tarde de este martes, dos horas más tarde, al salir de la entrevista, el reconocido escritor nicaragüense detalló que el Fiscal a cargo de la investigación le interrogó sobre los vínculos entre la Fundación Luisa Mercado y la FVBCH.

De acuerdo a Ramírez, por varios años la FVBCH ha sido una de las fuentes de financiamiento del programa cultural Festival Centroamérica Cuenta organizado por la Fundación Luisa Mercado en el que han participado más de 500 escritores, periodistas, artistas e intelectuales de España, América Latina y otros países.

“Me preguntaron sobre estos apoyos que a lo largo de varios años hemos recibido de parte de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y que yo he firmado estos convenios como representante legal de la Fundación Luisa Mercado destinados a Centroamérica Cuenta, de eso se ha tratado”, declaró Ramírez.

Indicó que desde su creación hasta el 2018, la Fundación Luisa Mercado ha presentado sus informes financieros e informes de situación ante el Ministerio de Gobernación en tiempo y forma, debidamente establecidos y certificados por los contadores, donde también ha reportado de forma transparente las relaciones que mantuvo con la FVBCH y otras organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

Ramírez aseguró que las relaciones entre ambas organizaciones han sido “apegadas estrictamente al margen de la ley" tanto a nivel nacional como internacional, "con absoluta transparencia, de eso yo puedo dar fe, de que nuestras relaciones con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro han sido correctas y en absoluta transparencia”, afirmó.

Al ser consultado por los periodistas sobre la posibilidad de que esta investigación contra Chamorro sea con un fin político, Ramírez resaltó que "eso está a la vista”.

Sobre los últimos acontecimientos en el país en el marco de la crisis socio política, el escritor, quien también fue vicepresidente de Nicaragua en el primer período de gobierno de Daniel Ortega en los años 80, concluyó que "Nicaragua vive tiempos políticos muy turbulentos en este marco electoral” y a su parecer “todo esto está muy relacionado”.

Ramírez se solidarizó con los dos ex colaboradores de la FVBCH contra quienes se ordenó 90 días de prisión preventiva como resultado de una ampliación en el plazo del proceso de investigación en este caso, también expresó su solidaridad con los más de 21 hombres y mujeres de prensa independientes que han sido citados en los último días a la Fiscalía a declarar como testigos en el marco de esta investigación.

Sobre el contexto electoral del país, Ramírez señaló la incertidumbre que todavía persiste debido a que hasta ahora no hay condiciones y garantías por parte del Gobierno para que se de un proceso electoral creíble.

Respecto al proceso de unidad de la oposición, manifestó que aunque hasta hace poco estuvo un poco escéptico en este tema cree que en este momento sí se puede lograr, “ojalá que haya un solo candidato de oposición y estas elecciones valgan la pena (…) Yo como ciudadano voy a ir a votar si encuentro que vale la pena ir a votar por alguien que vaya a ayudarnos a resolver el problema de Nicaragua”.

Al escritor se le negó una copia de la declaración que brindó ante la Fiscalía, no obstante, su representante legal explicó que esta medida está dentro del marco de la ley ya que el Artículo 249 del Código Procesal Penal establece que “los registros que lleva el Ministerio Público no pueden ser proporcionados hasta que se judicialice un asunto”.