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UCA fue excluida del CNU y le retiran el 6% de presupuesto constitucional


La Universidad Centroamericana (UCA) fue excluida este jueves como miembro del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y despojada de la asignación presupuestaria del 6% constitucional, que hasta ahora recibía y con la que, entre otras cosas, se financiaban becas universitarias para estudiantes de escasos recursos en dicha alma mater.

Estas medidas son el resultado de la aprobación en la Asamblea Nacional de una reforma a Ley 582, Ley General de Educación y una Reforma y Adición a la Ley 89, ley de Autonomía de las Instituciones de la Educación Superior.

Álvaro Alfonso Rivera, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), reconoció que si bien, su bancada recientemente apoyó la creación de al menos 3 nuevas casas de estudios superiores que surgieron del despojo de personerías jurídicas a universidades ya existentes, dijo estar en desacuerdo con la exclusión de la UCA del CNU.

“En nuestra bancada vemos con profunda preocupación que en la presente iniciativa de reforma se excluya a una importante universidad que ha sido parte del CNU y que goza de un alto prestigio, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, como es la Universidad Centroamericana, en donde al ser excluida, ya no se le entregará el 6% constitucional, con lo cual se estará afectando a miles de jóvenes de escasos recursos económicos que han decido estudiar en esta prestigiosa universidad”, lamentó Rivera.

Wálmaro Gutiérrez, diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), salió a la defensa de las reformas y argumentó que el Estado no debe estar obligado a financiar con los recursos públicos a universidades privadas.

“Es lógico que los recursos de Nicaragua se reinviertan en las universidades del pueblo nicaragüense y eso es lo que está diciendo esta reforma. Es justo y correcto que los recursos del pueblo nicaragüense se vayan a las universidades de la Costa Caribe, es que acaso los caribeños no tributan y no tienen derecho a recibir esos recursos. Los que no tienen derecho que se hagan sociedades mercantiles y que sigan manejando la educación como una mercancía”, dijo.

La reforma a la Ley 89, apoyada por la bancada sandinista, despoja a las universidades de la independencia administrativa y financiera y le confiere mayor control al CNU sobre las casas de estudios, de acuerdo con opositores y expertos en educación.

A partir de las modificaciones a la Ley, las Instituciones de Educación Superior (IES) en Nicaragua deberán someter ante el CNU para su aprobación y autorización los perfiles y planes de estudios de las carreras, programas académicos de pregrado, grado y postgrado.

En esta línea, una vez entren en vigencia las reformas, el CNU estará facultado para “aprobar y coordinar la política nacional de la educación superior del país en función de los recursos y situaciones existentes, autorizar y aprobar la creación de nuevas IES, la apertura y cancelación de sedes nacionales e internacionales, así como los requisitos para su autorización y cancelación. Dictaminar, aprobar, o negar la apertura de carreras o programas de pregrado, grado y postgrado en correspondencia con los lineamientos establecidos para tal fin”, reza parte de la reforma.

Asimismo, el CNU podrá aprobar periodos de moratoria para la autorización de nuevas instituciones de educación superior, cancelar la autorización de aperturas de nuevas universidades, aquellas que en el plazo de 6 meses no obtengan la personalidad jurídica por la instancia correspondiente de conformidad con las leyes de la materia.

A su vez, podrá “aprobar la política y distribución de los fondos asignados a las universidades estatales, comunitarias e interculturales establecidas en el Artículo 56 de esta ley, atendiendo a la población estudiantil y los costos de operación. El CNU podrá designar una partida presupuestaria a favor de la universidad privada a que se refiere el mismo Artículo”.

Al respecto, el diputado Gutiérrez, negó que esta reforma tenga la intensión de “golpear la autonomía universitaria y la libertad de cátedra”, y atribuyó esta afirmación a una supuesta campaña promovida por sectores de oposición que han defendido la autonomía escolar y descentralización educativa.

No obstante, señaló que, si bien “la Constitución Política protege y salvaguarda la autonomía, pero no una autonomía autárquica sin ningún tipo de orden ni control”.

El parlamentario sandinista agregó que en el caso del CNU, con esta reforma se está “fortaleciendo y dándole un rol de rector a una institución que es parte del mismo cuerpo universitario (…) y le estamos dando el carácter de órgano rector de ese subsistema educativo”.